Para quienes hemos asumido la representación de los intereses de alguna provincia en el Senado de la Nación, resulta de honda trascendencia el artículo 124 de la Constitución Nacional. En el último párrafo de dicha norma se establece, textualmente, que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Es ésta una cláusula que tiende a proteger las riquezas naturales de los Estados provinciales, en consonancia con el sistema republicano, representativo y federal que adoptó la Argentina como forma de gobierno, hace más de un siglo y medio, desde la propia sanción de la Constitución de 1853.

No está nunca de más recordar estos preceptos, dado que se relacionan directamente con la soberanía sobre los propios recursos naturales, incluidos, claro está, los hidrocarburos, sobresaliendo el petróleo.

La reciente decisión de la Presidenta Dra. Cristina Fernández de Kirchner en relación a la declaración de la soberanía hidrocarburíferas de la República Argentina –mediante el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional- se inscribe en la férrea defensa de nuestros recursos naturales. El texto del artículo 1º de dicha iniciativa me exime de mayores comentarios: “Declárese de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte, y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos, y el crecimiento equitativo y sustentable de las distintas provincias y regiones”.

Me pregunto por ventura, si algún argentino podría discutir el acierto de este encuadre jurídico-político que, a la vez, tiene una enorme trascendencia desde lo económico y social. Los argentinos –y las provincias productoras de petróleo tenemos clara idea al respecto- padecemos los frutos de la desinversión, manipulación y verdadera expoliación de este trascendente recurso natural en manos de empresas privadas que tomaron el control de YPF, la principal operadora del país sobre dicha riqueza.

Dicho proyecto crea el Consejo Federal de Hidrocarburos, con la necesaria participación provincial lo que, inmediatamente, ha recibido el beneplácito de los gobernadores involucrados, ya que asegura la intervención de las provincias en relación a los recursos naturales que, constitucionalmente le pertenecen.

Y también poco podrá debatirse respecto a la declaración de utilidad pública del 51% del capital accionario de YPF, que quedará en poder del Estado, teniendo intervención las provincias en el 49% restante. Dicha iniciativa, prolijamente, establece cuestiones jurídicas que aseguran estabilidad, continuidad empresarial y la aplicación de los principios constitucionales en materia de expropiación. De este modo, se respetan las normas vigentes en el país.

Es ello la tan mentada “seguridad jurídica” que tanto se pregona y que poco se reconoce: “seguridad jurídica” es el cumplimiento de las normas de Derecho Interno que, claramente, están respetadas en la iniciativa parlamentaria de referencia. El resto se trata solo de interpretaciones antojadizas, respondiendo a otros intereses alejados, seguramente, de la soberanía nacional que se ejercita por intermedio de estas medidas.

Es que, en definitiva, no puede permitirse que los recursos naturales más valiosos –en todo el mundo- queden en manos de intereses alejados de la soberanía nacional. La llamada “ley de tierras” –limitando la extranjerización ilimitada del suelo argentino- fue el comienzo. Es éste otro jalón más que apunta a la reafirmación de nuestros derechos sobre esas inestimables riquezas, protegidas por los distintos países con medidas similares en relación a empresas petroleras estatales.

Es éste el camino que debemos desandar todos los argentinos. No podemos permitir –ninguno de nosotros- que nuestra explotación petrolera sea crónicamente deficitaria, mientras los operadores privados de dicho recurso aumentan sus ganancias hasta el hartazgo. ¿Cómo se explica, sino, el desabastecimiento cíclico, el descenso en los volúmenes de explotación o en las exploraciones? Está más que claro que, en algún momento, era necesario poner fin a esta verdadera sinrazón. Un gobierno que se endereza en la lucha por su soberanía con armas legales no hace más que cumplir con el deber para el cual ha sido depositado en el poder por el voto de los ciudadanos.

En síntesis, no cabe más que elogiar la decisión del Poder Ejecutivo sobre el particular. Hace casi un siglo, Enrique Mosconi sostuvo: “Podremos asegurar que el petróleo será para nuestro pueblo una fuente de progreso moral y material; tendremos la certidumbre de que nuestra política interna no sufrirá los contactos del oro infamante que conduce a la traición y que nuestras relaciones exteriores no serán nunca influenciadas por las ‘representaciones amistosas’ de las cancillerías extranjeras que respalden exigencias inauditas llamadas ‘derechos adquiridos’ de sus organizaciones petrolíferas, y nuestra Nación podrá gozar, en serena soberanía del usufructo de la riqueza petrolífera. ¡El petróleo argentino del pueblo y para el pueblo argentino!”. Nos acercamos, con las recientes determinaciones presidenciales, a esos objetivos.