El proyecto de ley 27/2012, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, obtuvo dictamen en plenario conjunto de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Consitucionales y Minería, Energía y Combustibles. En el mismo se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación al 51% de las acciones de YPF S.A., todas ellas pertenecientes a la española Repsol. Según anticipó el bloque del Frente para la Victoria, en el debate en el recinto se incorporará la expropiación de YPF GAS S.A., empresa que también controlaba Repsol y que es la principal distribuidora minorista de gas licuado de petróleo (GLP) en nuestro país –y es también la principal distribuidora del programa nacional Garrafa para Todos -.

Una vez concretada la expropiación, el Estado podrá transferir la titularidad de las acciones a cualquiera de sus organismos o empresas públicas. En particular, en la ley se prevé que adquieran parte de las acciones las provincias petroleras (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, nucleadas recientemente en la OFEMI) y eventualmente también empresas privadas que inviertan por requerimiento del Estado Nacional.

Así, la composición accionaria de YPF S.A. quedaría:
26,03% en manos del Estado Nacional, 25,46% en manos del grupo Petersen (propiedad de la familia Ezkenazi), 24,99% en manos de las provincias petroleras, 15,35% son acciones que cotizan en bolsa, 7,23% en manos de Repsol.

Por su parte, en YPF GAS S.A. los nuevos accionistas serían: 26,03% en manos del Estado Nacional, 34% en manos de Repsol, 24,99% en manos de las provincias petroleras, 15% de Pluspetrol S.A., 0,003% en acciones bursátiles.

En la reglamentación del proyecto se determinará cuántas acciones le corresponderán a cada provincia (que serán socias, debiendo aportar el capital correspondiente), teniendo en cuenta los criterios de equidad entre las provincias, el nivel de producción y las reservas de cada una. La ponderación de cada uno de estos parámetros será establecido por la reglamentación de la ley; pudiendo establecerse criterios muy disímiles según qué se priorice. Por caso, Chubut cuenta hoy en día con el 43,6% de las reservas comprobadas de petróleo y el 9,1% de las de gas; pero produce el 27,1% del petróleo y el 28,9% del gas extraídos en el país. Por otra parte, Neuquén es la segunda provincia de mayor producción (el 22,1% del petróleo y el 21,9% del gas), pero tiene sólo el 11,9% de las reservas comprobadas de petróleo y en cambio el 40% de las de gas. Claramente, según qué ponderaciones prevalezcan, cada provincia tendrá un porcentaje diferente de participación accionaria en YPF S.A.

Además, en el proyecto se crea el Consejo Federal de Hidrocarburos, con representantes del Poder Ejecutivo Nacional y de las provincias, que coordinará el accionar estatal y fijará la política hidrocarburífera argentina. Las provincias y la Nación estarán sindicadas – es decir, deberán votar siempre de manera unificada en el directorio de la empresa -. La designación de directores será en proporción a la cantidad de acciones de cada una; y habrá además un representante de los trabajadores de la empresa en el directorio.

La expropiación es un mecanismo reconocido por nuestra Constitución Nacional, que debe estar fundada en causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley, y requiere indemnización previa. El precio máximo a pagar será estipulado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación; con ese tope, el Poder Ejecutivo negociará con Repsol el valor y la forma de pago. Esta etapa, de “avenimiento”, constituye una suerte de procedimiento conciliatorio: si las partes se ponen de acuerdo, el propietario transfiere al Estado el bien al precio pactado, previa aprobación del Congreso de la Nación. Si no se alcanza un acuerdo en esta instancia, el Estado debe promover el proceso judicial (por juicio sumario), cuya sentencia fijará la indemnización teniendo en cuenta el valor del bien en el momento de la desposesión.

La Presidenta de la Nación firmó además el lunes 16 de abril el Decreto de Necesidad y Urgencia 530/12 disponiendo la intervención de YPF por 30 días, para asegurar su continuidad y el abastecimiento de combustibles, y preservar sus activos y patrimonio. El jueves 19 de abril agregó la intervención de YPF GAS S.A. a través del DNU 557/12, al advertirse (a través de los interventores de YPF S.A.) que no era una empresa controlada directamente por YPF S.A.

Mientras la presidenta anunciaba el proyecto de Ley y la intervención de YPF, las acciones de la empresa cayeron un 2,4% en la bolsa porteña y un 11,2% en Nueva York. Luego, por precaución, la Bolsa de Comercio porteña decidió suspender la cotización del papel en el recinto. Minutos más tarde, la bolsa neoyorkina tomó la misma decisión, seguida por la bolsa de México. Así, la cotización en los mercados de valores de YPF S.A. se encuentra por el momento congelada.

Lic. Federico Giargia Director Ejecutivo de EGES