John D. Rockefeller, fundador de la Standard Oil, hoy en día conocida como Exxon, decía que “el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien gestionada y el segundo mejor negocio es una empresa petrolera mal gestionada”. Si eso era así en la época en que lo dijo, ni qué hablar en la década del noventa. Las multinacionales ya sabían para ese entonces que el barril de petróleo, que estaba a 12 dólares, en tiempos cortos iría inexorablemente en creciente aumento. Los países denominados emergentes, en particular China y la India, crecían y crecían, lo que implicaba más y más consumo de petróleo; commoditie no renovable cuya producción, ya para esos años, daba signos de no aumentar a la misma velocidad que las décadas anteriores. Más demanda, que excedía la oferta posible: aumento de los precios. Allí estaba el negocio.

Aprovechándose de la supremacía que habían alcanzado los países desarrollados luego del derrumbe de la URSS, y del predominio mundial del neoliberalismo como modelo económico, las grandes empresas petroleras salieron entonces a hacerse de todo el oro negro que pudieran. Como siempre y más aún, si eso era posible.

Argentina, aun sin ser un país propiamente petrolero, era un bocado apetecible con su empresa estatal; que había logrado el autoabastecimiento y que contaba con significativas reservas descubiertas, producto de décadas de grandes esfuerzos de inversión. Por ende, las presiones sobre su gobierno no se hicieron esperar. Y como nuestro problema -tal cual enseñara Arturo Jauretche- no es tanto “el gringo que nos compra, sino el criollo que nos vende”, ahí lo tuvimos a Carlos Menem que accedió gustoso a entregar YPF y nuestra riqueza energética.

Néstor y Cristina Kirchner, como se sabe, apoyaron decididamente esa medida, argumentando que beneficiaba a Santa Cruz, su provincia. Evidentemente no tuvieron demasiado en cuenta lo que significaría para la Argentina, su país.

Años después, por esas vueltas de la historia, llegaron al gobierno de la nación. Justo es decir que a partir de allí algunas de sus conductas políticas cambiaron. Por ejemplo en lo referido a los derechos humanos vulnerados por la dictadura. Desde la recuperación de la democracia nunca habían reparado demasiado en ellos, pero una vez que llegaron a la Rosada impulsaron con vigor la investigación de los crímenes de los militares; lo que permitió que, en un grado significativo, lográramos tener memoria, verdad y justicia respecto de esa negra época. En lo que no cambiaron hasta ayer, fue en su aval a la política de privatización petrolera de los noventa, a la que le dieron manifiesta continuidad.

Repsol-YPF agradecida. La empresa española se aprovechó en grande de esa estrategia gubernamental. En primer lugar, extrajo los recursos fundamentalmente de los pozos que había perforado nuestra empresa estatal. Así fue como sus reservas comenzaron a tener de 1998 a la fecha un indetenible descenso: 44% el petróleo y 68% las de gas. Esto fue generando, como no podía ser de otro modo, una baja también sostenida en su producción: casi el 50% en el petróleo y el 30% en gas. Lo que motivó la necesidad de crecientes importaciones, casi de 10.000 millones de dólares en el 2011.

Paralelamente llevó adelante Repsol, una agresiva política de distribución de utilidades. El 90% de los 15.000 millones de dólares de ganancias del período, fueron repartidos entre sus accionistas. Con ellos, además, financió gran parte de su expansión mundial en la última década; invirtiendo en lugares donde, por distintas razones, era más rentable que aquí.

Como bien dijo recientemente Axel Kicillof en el senado, Repsol llevó adelante una política de vaciamiento de YPF y de saqueo de nuestros recursos. Está a la vista. Lo que no dijo el vice ministro de economía es que los gobiernos kirchneristas de hace nueve años a la fecha han sido cómplices de ello. Por lo pronto su representante en el directorio de YPF, que ahora seguirá allí luego de la nacionalización, votó todas y cada una de las iniciativas de los españoles, incluyendo semejante distribución de dividendos.

A ello debemos agregarle, que la reforma constitucional de 1994 fue reglamentada por Néstor Kirchner en el 2006 a través de la llamada Ley Corta (Nº 26.167), y así el dominio del subsuelo se transfirió finalmente a las provincias. La reforma aquella y su posterior reglamentación, transformó a un negociador único, la Nación, en una pluralidad, las provincias, lo que debilitó el poder de negociación del sector público frente a empresas con una gigantesca capacidad de lobby. Llamativamente sin embargo no reglamentaron –ni Néstor ni Cristina- la reforma constitucional en su parte referida a la Iniciativa Popular (Art. 39 de la CN: Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados…) que hoy -a 18 años- sigue sin poder llevarse adelante.

Por último, en el año 2007, Kirchner presentó con bombos y platillos el ingreso a YPF de los Ezkenazi como la “argentinización” de la empresa. Ahí estaba la famosa “burguesía nacional” en escena. En realidad las relaciones del ex presidente con el grupo Petersen, propiedad de dicha familia, venían de antes: habían comprado el Banco de Santa Cruz cuando Kirchner, como gobernador lo privatizó. Desde dicho banco fue que se giraron los fondos de las regalías petroleras provinciales a Suiza, a través del Credit Suisse; casualmente la entidad que encabeza el consorcio de bancos europeos que le prestó dinero a Enrique, Sebastián y Matías para comprar el 25% de YPF.

Dicha incorporación de los Ezkenazi -el padre ex Bunge y Born- a la empresa, se asemejó bastante a un regalo gentil de Repsol: se pagarían las acciones con las ganancias que fuera dando la petrolera. El acuerdo comprometía, con la cláusula de “pay out”, a ambos accionistas a mantener la política de dividendos de YPF en el 90% de las ganancias al menos hasta el pago del préstamo, y que cualquier cambio en esta disposición constituiría una cesación de pagos bajo las condiciones del mismo. Llamativo, pero por sobre todo de gravísimas consecuencias a futuro, ya que esa forma de pago justificaba la distribución agresiva de dividendos en desmedro de las inversiones. Allí estuvo Roberto Baratta, en representación del gobierno K, para avalarla con su votito.

Por cierto que, de acuerdo a lo observado en veinte años de historia, no parece muy creíble la apreciación de la presidenta respecto de que Néstor Kirchner “siempre soñó con recuperar YPF para el país, siempre, siempre”.

En definitiva y volviendo al presente, en un contexto donde -producto de la política petrolera llevada adelante desde 1992 a la fecha- bajaron la producción y las reservas de petróleo y gas en el país, lo que sumado al crecimiento económico de la última década empujó para arriba las importaciones de aquellos productos y complicó la balanza exterior energética, que ya tuvo en el 2011 un déficit de 3.500 millones de dólares, el gobierno resuelve nacionalizar YPF.

¿Está bien o mal esta decisión? Por cierto que, más allá de las graves responsabilidades que le corresponden a la administración kirchnerista por llevarnos a este atolladero, es correcto renacionalizar YPF; que nunca, nunca se debió haber privatizado. Es real que la empresa solo maneja hoy un tercio del mercado de hidrocarburos en el país, como que sus reservas son las que más han menguado y que tiene una enorme deuda; también que se requieren grandes sumas de capital para recuperar el autoabastecimiento. Pero muchísimo peor sería darle continuidad a la política que nos condujo a esta crisis.

Ni que hablar de seguir las propuestas de la derecha política y económica, que partiendo del supuesto que no hubo inversiones porque los precios no eran rentables para las empresas, propone liberarlos tanto en el mercado interno como para exportar. Una falacia grande e interesada: de 1998 al 2003 tuvieron precios internacionales, apertura y completa liberalización, y aquellas potenciaron la extracción de los pozos ya descubiertos y las exportaciones sin reponer tampoco reservas.

Poner en manos del Estado la mayoría accionaria de YPF, es el necesario primer paso para recuperar inversión y producción de hidrocarburos; y para reubicar tan preciados recursos naturales al servicio del país y su gente, como era antaño y como debe ser. Aunque todo ello lleve tiempo y esfuerzo por el daño producido. Por eso cuenta con nuestro apoyo.

Pero no es un cheque en blanco. Lejos estamos de eso, habida cuenta del doble discurso permanente de este gobierno, que siempre vende por izquierda y cobra por derecha.

En concreto y a futuro, servirá la renacionalización de YPF si está al servicio de la nación y no de nuevos y viejos capitalistas amigos del gobierno. Para ello debe volver a la figura de Sociedad del Estado -no Anónima- para que pueda ser controlada por el parlamento, la AGN, etc. Muy malas experiencias hay con el kirchnerismo en esto.

En segundo lugar la expropiación debe comprender a las acciones de los Ezkenazi, que avalaron absolutamente el vaciamiento y saqueo que llevaba adelante Repsol.

En tercer lugar el precio a pagar, si es que tenemos que pagar algo, debe contemplar las menguadas reservas que nos dejan -que son esencialmente el valor de una empresa petrolera- y la deuda de 9.000 millones de dólares en que metieron a YPF; que explica cómo en algunos años repartían dividendos por una cifra superior a las ganancias reconocidas.

Se debe investigar el comportamiento de las demás empresas que operaban en el privatizado mercado de hidrocarburos argentino. No parece solo patrimonio de Repsol la política de saqueo; y lejos está de ser pequeña -65%- la porción que ocupaban y ocupan de la producción y comercialización el resto.

También hay que federalizar verdaderamente YPF. Cuando era estatal, de sus ganancias se beneficiaba todo el país, gran parte de las rutas nacionales se hicieron con ellas. Ahora, en su directorio y en la propiedad del 49% de la parte expropiada, deben participar todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, no solo aquellas que hoy tienen petróleo. Así se distribuye una parte (la otra va a la nación) de las retenciones a las exportaciones de soja, que solo es producida por un puñado de provincias pero beneficia a las demás.

Finalmente, solo habrá mejor y sustentable política a futuro en tan estratégico rubro, si se aprueba una nueva ley de hidrocarburos que contemple que el petróleo y el gas argentinos deben esencialmente servir para el desarrollo nacional.

Humberto Tumini es dirigente del Movimiento Libres del Sur