La Cámara de Diputados de la Nación se aboca desde las 15.48 a uno de los debates más trascendentes del año y seguramente también de su historia: la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación del 51 por ciento de las acciones de Yacimiento Petrolíferos Fiscales; proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, tal como viene ocurriendo con las iniciativas más polémicas desde el recambio legislativo.

Con la presencia de 171 diputados presentes, el Cuerpo inició un maratónico debate en el marco de una sesión especial que estará marcada por un fuerte apoyo a la iniciativa oficial de parte de la mayoría de los bloques.

Desde ya se espera una larga lista de oradores, por lo que se acordó realizar un cuarto intermedio hacia el fin de la jornada y retomar la reunión el jueves a las 10. Finalmente, se espera que las exposiciones concluyan ese día por la tarde y el pleno se disponga a la votación.

Según lo pronosticó el propio oficialismo, Diputados ratificará por amplia mayoría y sin modificaciones la iniciativa aprobada la semana pasada por el Senado, donde obtuvo 63 votos a favor, 3 en contra, 4 abstenciones, además de dos ausencias entre ellas la del expresidente Carlos Menem, impulsor de la privatización en 1992.

De contar con asistencia perfecta al momento de la votación, el Frente para la Victoria contará con el aval de sus 116 integrantes. Y sumados los bloques afines de Nuevo Encuentro, Frente Cívico por Santiago, Movimiento Popular Neuquino, PJ La Pampa y Renovador de Salta, el proyecto se alzaría con al menos 134 adhesiones, por lo que la sanción estaría garantizada.

Pero la recuperación estatal de YPF parecería encaminarse hacia una política de Estado. Pues pese a tomar posturas críticas, la mayoría de los partidos opositores anticiparon que actuarán en continuidad con el Senado. Así, se estima que el proyecto oficial cuente con el respaldo de unos 200 diputados.

La sesión mostrará un quiebre a la hora de votar en algunas de las bancadas, como la UCR, el Frente Peronista y la Coalición Cívica, debido a que varios diputados se resisten a acatar la decisión de sus bloques. El primero votará a favor; el segundo en contra; mientras que el tercero tenderá a la abstención.

Además del dictamen de mayoría, diputados opostiores se repartieron en otros tres despachos: uno del Frente Peronista; otro del Pro; y el de la CC-ARI que lleva la firma de Elisa Carrió.

Aún así, las iniciativas opositores no tienen chances de ser puestas a consideración ya que el dictamen del oficialismo, al ser el de la mayoría, se votará en primer término.

Paradójicamente, la protagonista de cerrar el debate será la misma Cámara que legalizó la privatización en 1992 por iniciativa del entonces presidente justicialista Carlos Saúl Menem.

Puntos principales del proyecto

El proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Parlamento el pasado 16 de abril lleva la denominación de “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina” y contiene 19 artículos.

Desde el primero se declara “de interés público nacional y como objetivo prioritario” del país “el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización” de los mismos.

Expropiación. A los fines de cumplir los objetivos de la política hidrocarburífera nacional, el proyecto declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A. sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta”. El proceso de expropiación estará regido por lo establecido en la Ley 21.499.

El texto prevé que de las acciones a expropiar, todas de la española Repsol, el 51 por ciento quedará en manos del Estado Nacional, mientras que el 49 por ciento restante será de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI).

Estos distritos son: Chubut, Neuquén, Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

De ese modo, la nueva YPF quedaría con un 26,03 por ciento de sus acciones en manos del Estado nacional; 25,46 por ciento en poder del Grupo Petersen (propiedad de la familia Eskenazi); 24,99 por ciento para las provincias petroleros; 15,35 por ciento en acciones que cotizan en bolsa, mientras que Repsol retendría el 7,23 por ciento.

Más allá de esto, YPF continuaría operando como sociedad anónima abierta, “no siéndole aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las Empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación”.

El precio de la expropiación. La iniciativa oficial establece que el precio de los bienes sujetos a expropiación estará determinado por la tasación que efectúe el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Nuevo directorio. Una vez promulgada la ley se removerá la totalidad de los directores titulares y suplentes y de los síndicos titulares y suplentes. La designación de sus reemplazantes estará en correspondencia con las acciones sujetas a expropiación. Por eso, se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los Estados provinciales y uno en representación de los trabajadores de la empresa.

YPF Gas. Además, de acuerdo a una artículo introducido durante el debate en el Senado, la ley establecerá la expropiación de YPF Gas.

Consejo Federal. Por otro lado, el proyecto crea un Consejo Federal de Hidrocarburos con participación del Estado nacional, todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para garantizar el cumplimiento de la ley y someter a consideración la política hidrocarburífera planteada por el Poder Ejecutivo.

Privatización de acciones. Como la expropiación de las acciones de YPF será por causa de utilidad pública, el proyecto prohíbe la transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso de la Nación aprobada por las dos terceras partes de sus miembros en ambas cámaras.