Los diputados Graciela Ocaña y Daniel Amoroso presentaron en los Tribunales un recurso de amparo y una medida cautelar pidiendo la intervención judicial por el conflicto en el subte.

Los legisladores reclamaron la conformación de un ente de emergencia que se haga cargo de la administración del subte para garantizar el servicio y la seguridad.

El recurso de amparo quedó radicado en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número 2 a cargo del juez Esteban Furnari y se pide también que “se designe un veedor judicial con facultades para tomar las precauciones que garanticen la actividad normal del servicio, así como un abanico de acciones que irían desde mediar entre las partes hasta llamar a la Policía en caso de conflicto”.

A raíz del enfrentamiento entre los gobiernos de la Nación y de la Ciudad por el traspaso del subte y el Premetro, la diputada nacional Graciela Ocaña y el legislador porteño Daniel Amoroso señalaron que esta situación “dio lugar a un estado de incertidumbre general tanto para quienes utilizan el servicio, como para los trabajadores de los mismos, convirtiéndose en una desidia”.

“A esto se debe sumar el conflicto que mantienen los trabajadores del subte por las negociaciones paritarias y en razón de los reclamos por obtener justicia por la muerte de un operario que se electrocutó mientras trabajaba con una máquina soldadora. Toda esta situación conlleva a paros totales y continuos. Esto, además de los constantes cruces de acusaciones entre funcionarios de la Nación y la Ciudad”, agregaron los diputados en el escrito.

“Es evidente que con el estado de incertidumbre que generó el traspaso de la gestión de los subtes, acerca de quién es el responsable de la gestión, administración y mantenimiento de los mismos, se afecta no sólo a los trabajadores, sino a los miles de ciudadanos que en su carácter de usuarios necesitan hacer uso de dicho medio de transporte a diario”, subrayaron Ocaña y Amoroso.