Con 208 votos a favor, 32 en contra y 5 abstenciones, el pleno de la Cámara baja dio el primer paso para la sanción del proyecto del Ejecutivo. A pesar de que el oficialismo anunció que no aceptará modificaciones, la oposición propone reformas a la iniciativa oficial. La votación en general marcó diferentes posturas dentro de los mismos bloques opositores. Las bancadas aliadas acompañaron al kirchnerismo.
La Cámara de Diputados aprobó en general con los votos del oficialismo y amplio respaldo opositor el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 16 de abril para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, luego de un debate que contó con las intervenciones de casi 200 oradores.
La iniciativa enviada por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, reunió nada menos que 208 votos a favor, 32 en contra y 5 abstenciones, además de algunas ausencias significativas al momento de votar. Según pudo analizar parlamentario.com, la votación marcó un récord superando otras votaciones consideradas “históricas”.
Más de la mitad de la oposición apoyó en primer término el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. El kirchnerismo contó con el acompañamiento del FAP, Proyecto Sur y el grueso del radicalismo, además de sus bancadas aliadas: Nuevo Encuentro, Frente Cívico por Santiago, Movimiento Popular Neuquino, PJ La Pampa y también Unión Peronista. El Frente Peronista y la Coalición Cívica se dividieron entre la aprobación y el rechazo, mientras que el Pro votó en contra con énfasis y por unanimidad.
Los ejes de la ley
El proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Parlamento el pasado 16 de abril lleva la denominación de “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina” y contiene 19 artículos.
Desde el primero se declara “de interés público nacional y como objetivo prioritario” del país “el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización” de los mismos.
Expropiación. A los fines de cumplir los objetivos de la política hidrocarburífera nacional, el proyecto declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A. sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta”. El proceso de expropiación estará regido por lo establecido en la Ley 21.499.
El texto prevé que de las acciones a expropiar, todas de la española Repsol, el 51 por ciento quedará en manos del Estado Nacional, mientras que el 49 por ciento restante será de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI): Chubut, Neuquén, Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
De ese modo, la nueva YPF quedaría con un 26,03 por ciento de sus acciones en manos del Estado Nacional; 25,46 por ciento en poder del grupo Petersen (propiedad de la familia Eskenazi); 24,99 por ciento para los distritos petroleros; 15,35 por ciento en acciones que cotizan en bolsa, mientras que Repsol retendría el 7,23 por ciento.
Más allá de esto, YPF continuaría operando como sociedad anónima abierta, “no siéndole aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las Empresas o entidades en las que el Estado Nacional o los estados provinciales tengan participación”.
El precio de la expropiación. La iniciativa oficial establece que el precio de los bienes sujetos a expropiación estará determinado por la tasación que efectúe el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Nuevo directorio. Una vez promulgada la ley se removerá la totalidad de los directores titulares y suplentes y de los síndicos titulares y suplentes. La designación de sus reemplazantes estará en correspondencia con las acciones sujetas a expropiación. Por eso, se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales y uno en representación de los trabajadores de la empresa.
YPF Gas. Además, de acuerdo a una artículo introducido durante el debate en el Senado, la ley establecerá la expropiación de YPF Gas.
Consejo Federal. Además, el proyecto crea un Consejo Federal de Hidrocarburos con participación del Estado nacional y todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para garantizar el cumplimiento de la ley y someter a consideración la política hidrocarburífera planteada por el Poder Ejecutivo.
Privatización de acciones. Como la expropiación de las acciones de YPF será por causa de utilidad pública, el proyecto prohíbe la transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros en ambas cámaras.
