Con 208 votos a favor, 32 en contra y 5 abstenciones, la Cámara baja convirtió en ley la declaración de interés público y sujeto a expropiación el 51 por ciento de las acciones de la petrolera, que dejarán de pertenecer a Repsol. El proyecto del Ejecutivo obtuvo un masivo respaldo opositor en general, pero no en particular. Aún así, el kirchnerismo logró aprobar la iniciativa sin modificaciones, tal cual venía del Senado.
En una jornada histórica que se extendió durante dos días, la Cámara de Diputados finalmente convirtió en ley, con los votos del oficialismo y amplio respaldo opositor, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 16 de abril para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
El proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reunió nada menos que 208 votos a favor, 32 en contra y 5 abstenciones, además de algunas ausencias significativas al momento de votar. Según pudo analizar parlamentario.com, la votación marcó un récord superando otras votaciones de la misma envergadura.
El kirchnerismo contó con el acompañamiento del FAP, Proyecto Sur y el grueso del radicalismo, además de sus bancadas aliadas: Nuevo Encuentro, Frente Cívico por Santiago, PJ La Pampa y también Unión Peronista. Más de la mitad de la oposición apoyó en general el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
El Frente Peronista y la Coalición Cívica se dividieron entre la aprobación y el rechazo, mientras que el Pro votó en contra con énfasis y por unanimidad. También se opusieron desde el Partido Demócrata de Mendoza.
La ley fue sancionada a las 21.30 tras un debate de alrededor de veinte horas entre miércoles y jueves, luego de las intervenciones de casi 200 de los 257 diputados, en medio de la algarabía que bajaba desde los palcos colmados por distintas agrupaciones, como La Cámpora, el Movimiento Evita y la Juventud Sindical, mientras los diputados kirchneristas se unían en un abrazo.
Como estaba previsto desde el oficialismo, que cuenta con mayoría numérica en ambas cámaras, el proyecto fue sancionado sin modificaciones en su articulado, tal como venía del Senado, y se encamina a convertirse en política de Estado, en línea con el alto grado de consenso alcanzado.
A pesar de esto, el debate no estuvo exento de cuestionamientos al vaciamiento de YPF y críticas al kirchnerismo por haber apoyado la privatización de la petrolera hace veinte años.
Pero los bloques disidentes no lograron concretar sus reclamos, que exigían expropiar también las acciones de la familia Eskenazi; realizar una auditoría sobre todas las concesionarias; participar a todas las provincias de las ganancias de la petrolera y derogar los decretos menemistas que hasta hoy desregulan la política de hidrocarburos.
Más allá de esto, los diputados oficialistas confían en lograr el pleno autoabastecimiento de combustibles a partir de esta ley, y por eso defendieron con énfasis la recuperación de la soberanía energética en el marco de la política llevada adelante desde 2003 en esta materia.
Al momento de la votación se ausentaron once diputados: Oscar Aguad, Hugo Castañón e Hipólito Faustinelli por la UCR; Omar Duclós y Margarita Stolbizer del Gen -ésta última en el exterior-; el catamarqueño Pedro Molas -de licencia por enfermedad-; las macristas Gabriela Michetti y Silvia Majdalani; Ivana Bianchi (Frente Peronista), la cordobesa Estela Garnero y el juecista Jorge Valinotto. Los presentes sumaron 246.
Los ejes de la ley
El proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Parlamento el pasado 16 de abril lleva la denominación de “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina” y contiene 19 artículos.
Desde el primero se declara “de interés público nacional y como objetivo prioritario” del país “el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización” de los mismos.
Expropiación. A los fines de cumplir los objetivos de la política hidrocarburífera nacional, el proyecto declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A. sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta”. El proceso de expropiación estará regido por lo establecido en la Ley 21.499.
El texto prevé que de las acciones a expropiar, todas de la española Repsol, el 51 por ciento quedará en manos del Estado Nacional, mientras que el 49 por ciento restante será de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI): Chubut, Neuquén, Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
De ese modo, la nueva YPF quedaría con un 26,03 por ciento de sus acciones en manos del Estado Nacional; 25,46 por ciento en poder del grupo Petersen (propiedad de la familia Eskenazi); 24,99 por ciento para los distritos petroleros; 15,35 por ciento en acciones que cotizan en bolsa, mientras que Repsol retendría el 7,23 por ciento.
Más allá de esto, YPF continuaría operando como sociedad anónima abierta, “no siéndole aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las Empresas o entidades en las que el Estado Nacional o los estados provinciales tengan participación”.
El precio de la expropiación. La iniciativa oficial establece que el precio de los bienes sujetos a expropiación estará determinado por la tasación que efectúe el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Nuevo directorio. Una vez promulgada la ley se removerá la totalidad de los directores titulares y suplentes y de los síndicos titulares y suplentes. La designación de sus reemplazantes estará en correspondencia con las acciones sujetas a expropiación. Por eso, se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales y uno en representación de los trabajadores de la empresa.
YPF Gas. Además, de acuerdo a una artículo introducido durante el debate en el Senado, la ley establecerá la expropiación de YPF Gas.
Consejo Federal. Además, el proyecto crea un Consejo Federal de Hidrocarburos con participación del Estado nacional y todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para garantizar el cumplimiento de la ley y someter a consideración la política hidrocarburífera planteada por el Poder Ejecutivo.
Privatización de acciones. Como la expropiación de las acciones de YPF será por causa de utilidad pública, el proyecto prohíbe la transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros en ambas cámaras.
