El proyecto que ya tiene aprobación de Diputados comenzó a ser tratado en el Senado, donde se le aplicarían modificaciones. Especialistas recomendaron más tiempo de análisis.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado comenzó a tratar el proyecto que castiga penalmente el femicidio. El tratamiento de la iniciativa, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara baja, contó con la presencia de especialistas que fueron consultados, y al cabo se resolvió pasarlo a los asesores para su tratamiento.
Especialistas y también la senadora salteña Sonia Escudero, autora de una de las iniciativas en discusión, pidieron que el Senado se tome más tiempo para introducir mejoras en el texto sancionado en la Cámara baja. En ese marco, el proyecto será juntado con otros diez presentados por senadores nacionales, por lo que se descuenta que recibirá modificaciones que obligarán su vuelta a la Cámara baja.
En principio se esperaba que la comisión que encabeza el entrerriano Pedro Guastavino daría rápido tratamiento al proyecto y emitiría prestamente dictamen. Sin embargo, el propio legislador aclaró, luego de escuchar a la opinión de las expertas invitadas a la comisión, que no había apuro y que la iniciativa despierta ciertas dudas.
Por su parte, la senadora Sonia Escudero (Salta), quien impulsa un proyecto para agravar el homicidio del conviviente desde el año 2005 -es uno de los 13 proyectos presentados en el Senado- pidió tomarse “un tiempo más para trabajar en el texto para no cometer errores en un asunto tan importante en materia de violencia de género. No obstante, la legisladora pidió que la norma se trate en los próximos meses, y que no se espere a la reforma integral del Código Penal anunciada, pues ello demandará mucho tiempo”.
En líneas generales las expositoras propusieron cambios en el texto aprobado en la Cámara de Diputados que sólo plantea un agravante cuando la víctima fuere una mujer e insistieron fundamentalmente en el establecimiento de un tipo penal autónomo para el femicidio.
Una de las especialistas convocadas para exponer ante la comisión, la Coordinadora General de la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”, Fabiana Tunez, informó acerca de las estadísticas elaboradas por esa organización. Son las únicas disponibles en la Argentina ante la falta de cifras oficiales en la materia.
Tunez detalló que “fueron 282 femicidios los cometidos el año pasado, 29 los femicidios vinculados, y que fueron 212 los hijos e hijas que perdieron su madre en 2011”. Por otra parte, criticó la redacción del texto aprobado en Diputados porque “deja librado a criterio del juez que interviene en la causa si aplica o no la figura de agravante”, y en ese sentido dijo que algunos no lo aplican por desconocimiento y otros “por cuestiones ideológicas y prejuicios culturales”. Pidió, asimismo, atender la situación de desprotección en la que quedan los menores que pierden a sus madres, y reclamó que “se quite la patria potestad a los victimarios”.
Por su parte, la representante de la Defensoría general de la Nación, Raquel Asencio, recomendó que la norma contenga una indicación clara para que los jueces sepan cuando aplicar los atenuantes en este tipo de delitos, para evitar el trato discriminatorio. Reclamó, también, la elaboración de estadísticas oficiales.
Por último, los senadores escucharon la opinión de la titular de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, Perla Prigoshin, quien propuso la inclusión de la figura autónoma del femicidio, en un capítulo nuevo, separado del capítulo de delitos contra la vida para evitar el problema de la aplicación de los atenuantes por parte de los jueces en estos delitos.
Pidió también ocuparse de otros temas que no son de la órbita penal: “¿Qué se hace con los hijos de las víctimas? ¿Qué se hace con la patria potestad de los hijos de los victimarios? ¿Quién se va a ocupar de los alimentos de los chicos que se quedan sin madre y sin padre porque está preso? Esas son las cosas que tenemos que hablar”, indicó. La especialista presentó una propuesta alternativa que contempla “la obligación de de alimentar a los hijos, así sea con el pecunio de lo producido con su trabajo dentro de la cárcel”.
Ante las dudas planteadas por los invitados a la comisión, fue el propio Guastavino quien destacó “la fuerte voluntad política del senado de avanzar en la sanción de una ley de femicidio que quedó expresada por todos los senadores de tratar este tema”. Pero además que “la celeridad no puede implicar que hagamos una mala ley. Entonces buscaremos tratar la mejor ley posible que dé verdadera respuesta a lo que la sociedad está reclamando” por lo que se resolvió pasarlo a los asesores para su tratamiento.
El texto aprobado en la Cámara baja define al femicidio como el crimen de una mujer perpetrado “por un hombre y mediare violencia de género” e incorpora como causales “placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”, a la vez con un propósito de “causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación”.
Asimismo se fija pena de reclusión perpetua o prisión perpetua al que mate “a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”.
