El objetivo es crear un régimen que resguarde los derechos de las personas en cumplimiento de la pena. El Servicio Penitenciario pasaría a depender del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Acompañaron la iniciativa los radicales Gil Lavedra y Storani.
Diputados del interbloque Frente Amplio Progresista elevaron un proyecto de ley para reestructurar y desmilitarizar el Servicio Penitenciario Federal. Se trata de un Régimen de Sistema Público de Cuidado y Resguardo de Derechos en el Cumplimiento de la Pena, y fue apoyado también por los radicales Ricardo Gil Lavedra y María Luisa Storani.
A través de este sistema, se busca reestructurar, democratizar y desmillitarizar el actual Servicio penitenciario Federal, que ya no sería una fuerza de seguridad (como actualmente se concibe jurídicamente al SPF), sino un servicio público de carácter federal, civil, profesional, dependiente política e institucionalmente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Así, su función principal sería la de asegurar el cumplimiento de la pena privativa de libertad, resguardando y garantizando el pleno ejercicio de los demás derechos. Así como reconoce derechos y obligaciones, hoy denegados al personal penitenciario, establece un riguroso control interno y externo (junto a organizaciones de la sociedad civil) al mismo.
También acota la portación de armas a una Dirección General de Seguridad, a la que concretamente le competerá el cuidado de los detenidos y la seguridad de los institutos y servicios, bajo principios de actuación específicos; y se crean las Direcciones de Enlace y Coordinación de Trabajo Intramuros, de Educación, Arte y Cultura, de Salud y Medio Ambiente, y de Asistencia y Desarrollo Social, para que éstas prestaciones sean garantizadas directamente por los profesionales de los respectivos Ministerios de la Nación, los que desde ya no tendrían ninguna relación con el personal de seguridad.
