Un anteproyecto de Proyecto Sur se debatirá en un foro en la Cámara de Diputados. El mismo establece que tampoco será punible facilitar el acceso a esos servicios, cuando el mismo sea gratuito.
Especialistas, productores y activistas de la cultura libre debatirán el anteproyecto de modificación de la ley de propiedad intelectual, presentado por Proyecto Sur, para asegurar el acceso libre a la cultura a través de Internet. El encuentro se realizará el lunes 14 de mayo a las 18 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados.
En la mesa de debate estarán el diputado Fernando Pino Solanas y el legislador por la ciudad de Buenos Aires Julio Raffo, ambos de Proyecto Sur, y los especialistas Beatriz Busaniche (secretaria de la Fundación Vía Libre y titular de cátedra del Seminario Copyright/Copyleft de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA), Valentina Delich (Directora Académica de la Maestría en Propiedad Intelectual en FLACSO-Argentina) y Martín Becerra (profesor de la Universidad Nacional de Quilmas e investigador del CONICET).
El anteproyecto prevé que “no será acto ilícito el bajar de la red material cultural para su uso individual con la finalidad de instruirse, educarse, informarse, entretenerse, o emocionarse, y tampoco será punible el facilitar este acceso cuando se ofrezca gratuitamente”.
La propuesta de modificar en ese aspecto la Ley 11.723 se produce en momentos en que han sido llevados a la justicia sitios que facilitan el acceso online a este tipo de materiales.
Raffo, redactor de la propuesta de Proyecto Sur, la fundamenta en tanto se hace imprescindible armonizar y delimitar el alcance del derecho constitucional del autor frente a los derechos, también constitucionales, aunque de reconocimiento más reciente y en beneficio de todos, de acceder al uso de los bienes culturales, entre los cuales las obras autorales ocupan un lugar relevante.
En ese orden, cita el artículo Nº 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. También recurre a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ya que considera que ambas disposiciones son complementarias de los derechos y garantías que reconoce nuestra Constitución (Artículo 75 inc. Nº 22 de la Constitución Nacional). Entre los antecedentes que fundamentan su propuesta, destaca también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Carta Cultural Iberoamericana.
