Luego de un encuentro en el que participaron autoridades del partido, legisladores nacionales y provinciales, concejales del cuarto distrito y especialistas, el radicalismo ratificó su postura de oponerse a la reapertura de la mina de uranio de Sierrea Pintada hasta que no se resuelvan los pasivos ambientales que se generaron durante su funcionamiento entre 1975 y 1995.

Con la presencia del presidente del partido, Alfredo Cornejo, los diputados nacionales, Mariana Juri y Jorge Albarracín, los diputados por San Rafael y por Malargüe, Humberto Montenegro, Alejandro Limas y Néstor Ghisardi, junto a legisladores provinciales del resto de la provincia y concejales del cuarto distrito, los radicales acordaron impulsar cuatro puntos.

Sin la remediación total de los pasivos ambientales existentes tanto en Sierra Pintada como en Malargüe no se puede siquiera comenzar a discutir la posible reapertura de algunas de estas explotaciones de uranio.

Una vez cumplida la remediación, deberán considerarse las condiciones de la posible reapertura, la cual en ningún caso deberá obviar los estudios de impactos ambientales exigidos por la ley 7722.

En cualquiera de los casos, deberá ser prioridad impostergable del gobierno garantizar la calidad del recurso hídrico. Además, para reafirmar el compromiso del partido frente al asunto, los radicales decidieron conformar una comisión de estudios técnicos, que contribuya al análisis de la actual situación y las alternativas para la posible puesta en marcha de estos emprendimientos, como así también su seguimiento y monitoreo.