No hubo chicanas ni pases de factura. Tampoco hubo dilaciones, o tropiezos que entorpecieran finalmente el resultado. La deuda hacia un grupo nutrido de la sociedad ha sido saldada y -sorprendentemente, si se quiere- con un amplio consenso en un Parlamento acostumbrado a lo espasmódico donde los entrecruces verbales, los dedos levantados y los reproches están a la orden del día. Tal como habían prometido los jefes de bancada, hubo un amplio consenso para sancionar las leyes de Muerte Digna e Identidad de Género, con 55 votos afirmativos en ambos casos y una abstención por parte de la peronista disidente Graciela Di Perna en la votación del segundo proyecto. Las normativas habían quedado en el tintero en noviembre del año pasado y su debate en el recinto se había postergado, principalmente, por la discusión sobre la expropiación de YPF.

La modificación de la Ley de Derechos del Paciente en su Relación con los profesionales e Instituciones de la Salud (Ley 25.529) incorporó a la Muerte Digna mediante seis modificaciones en sus articulados.

Principalmente, el espíritu de la normativa defiende la autonomía del paciente para que pueda decidir si rechaza o consiente los tratamientos que le recomienda el profesional a cargo, limita el esfuerzo terapéutico a fin de evitar el encarnizamiento u obstinación terapéutica y, principalmente, les otorga un marco legal a los médicos debido al temor de ser imputados penalmente por homicidio agravado en el caso de retirarle el soporte vital a un enfermo, a pesar de que su estado sea irreversible y cuente con su consentimiento o el de su representante legal.

Así lo expresó el radical José Cano, titular de la Comisión de Salud y Deporte en la Cámara alta y uno de los impulsores de la ley: “Los puntos más trascendentes tienen que ver con el respeto de la voluntad del enfermo, evitar la judicialización de los casos y no prolongar la vida de manera artificial”.

En este sentido, el punto crítico que generó los tires y aflojes característicos en las sesiones fue el derecho del paciente a “manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital; cuando sean extraordinarias o desproporcionales en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmejorado”.

Al respecto, la senadora Sonia Escudero aclaró que acompañaba la iniciativa pero que “el permitir retirar la hidratración y la alimentación me parece un contrasentido con lo que se dice Muerte Digna, porque implica provocarle la muerte por inanición y eso no es muerte digna sino suicidio asistido o eutanasia”.

Sin embargo, vale señalar que la ley deja asentado que no se trata de prácticas eutanásicas. Para despejar dudas, especialmente en lo que a la muerte confiere como tema tabú en la sociedad, la eutanasia es definida por la comunidad científica como el pedido voluntario, directo y activo de una persona competente, que puede decidir por sí misma para que se acorte su vida si padece de una enfermedad terminal. De esta manera, el paciente voluntariamente desea morir y se le aplica una medicina letal, en dosis letal, para que se produzca la muerte instantáneamente.

Otro de los puntos que se deben tener en cuenta es el consentimiento informado, detallado en el artículo 2º en la modificación de la Ley de Derechos del Paciente. Se trata de la “declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente o por sus representantes legales en su caso” emitida luego de que el profesional le haya informado sobre su estado de salud y recomendarle el procedimiento terapéutico a ejecutar. Dentro del articulado, se incluye el rechazo o aceptación del paciente en cuanto al tratamiento y “el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención a de su enfermedad o padecimiento”.

En referencia a esto último, el senador Samuel Cabanchik (ProBaFe) explicó a Parlamentario que su proyecto (que había sido tratado en comisión el año pasado) y la norma sancionada persiguen el mismo objetivo, pero con parciales diferencias. “Para el futuro espero que los temas que quedan afuera puedan ser incorporados. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cuidados paliativos, el tema de la objeción de conciencia, la habilitación de un registro específico de voluntad anticipada, y las definiciones de todos dichos términos”, dijo.
Además, junto a su par José Cano, recordaron que la Ley de Derechos del Paciente fue sancionada en 2009 y que aún no ha sido reglamentada. Calificaron como “grave” la situación, en tanto que Cano agregó que “algunos casos que tomaron estado público se podrían haber resuelto”.

Por otra parte, la ley contempla la figura de un representante legal en caso de que el paciente sea incapaz de decidir por sí mismo, y será el encargado de brindar el consentimiento informado.

Las modificaciones introducidas en el artículo 11 de la Ley 26.529 establecen que “toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos preventivos o paliativos”. Además, dichas directivas, deberán ser formalizadas ante escribano público con la presencia de dos testigos.

Finalmente, y no menos importante, el último de los articulados propone que se incorpore como artículo 11 bis el cual exime al médico responsable interviniente de toda responsabilidad civil, penal ni administrativa. “Cuando se judicializa una ley, me parece que es la prueba de que se ha fracasado. El único reparo que hago siempre es que las leyes no sean tratadas de manera exprés sino, que tengan un tratamiento orientado a la opinión pública y que participen los sectores”, expresó la senadora Norma Morandini (Frente Cívico). Asimismo, recordó que hay temas que “conmueven a la sociedad porque están en los medios”, en clara referencia al caso mediatizado de Camila Sánchez, la beba de 3 años que se encuentra internada en el Centro Gallego en un estado vegetativo e irreversible.

“Amigos: mi estado y mi lugar les cabe a cualquier persona y nadie más debería sufrir este calvario. Les pido a nuestros legisladores y políticos que despierten del letargo. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Yo tengo necesidad y no hay leyes, no me asisten. Pido ley de Muerte Digna. Melina”. Melina Susana Bustamante falleció el 2 de mayo del 2011 y sufría de neurofibromatosis tipo I, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. La joven internada en el Hospital Garrahan se convirtió en uno de los íconos de esta lucha cuando pidió su propia sedación paliativa hasta que llegara el momento de su muerte. Ayer Melina, y otras tantas Melinas, fueron escuchadas. El sueño de los legisladores se vio interrumpido.

Las cosas por su género

El reloj marcaba las 21.15 cuando el proyecto de Identidad de Género quedó formalmente sancionada, tras dos horas y diez minutos de debate. La ley prevé el cambio de nombre, sexo e imagen en el DNI así como el pago de las obras sociales y las prepagas en el cambio de sexo, si así lo desea el afiliado.

“Se entiende por Identidad de Género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”, reza el artículo 2, que contempla además la modificación en los aspectos físicos ya sea por tratamiento hormonales o intervenciones quirúrgicos. Además incluye otros modos de géneros, como la vestimenta, las formas de expresión y los modales.

Asimismo, toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de prenombre e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida, sin necesidad de ningún trámite judicial o administrativo. Cabe señalar que, tal como especifica el artículo 6º, dichos trámites “son gratuitos y no será necesaria la intermediación de ningún gestor o abogado”.

Al respecto, el senador Rubén Giustiniani (Partido Socialista) aseguró: “Establecer a partir de una ley la vía administrativa para la rectificación registral del sexo y cambio de nombre en los documentos de identidad, es el primer paso para empezar a revertir esta realidad de discriminación y violación constante de los derechos humanos por razón de identidad de género, y como dice la FALGBT ‘el derecho a ser’”.

Por otra parte, el artículo 11 contempla los tratamientos quirúrgicos u hormonales para adecuar su cuerpo, incluso su genitalidad, según se lo autoperciba. Asimismo, “todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación”. Dicho apartado se convirtió en una de las leves resistencias, debido al costo económico que deben emprender las prestaciones privadas de salud.

Sin embargo, Escudero señaló: “No es una condición que se exija para el cambio de nombre en el DNI el someterse a algún tratamiento. Si esa persona está cubierta por una obra social, me parece muy bien que lo cubra. Si consideramos que son 22 mil personas que integran este colectivo no estamos hablando de una gran incidencia en los costos de la salud privada”.

Por su parte, el titular de la bancada oficialista, Miguel Angel Pichetto, la consideró “una norma reparadora”. En tanto, Morandini opinó que ambas leyes constituyen “la autonomía de la persona: su libertad y su dignidad. Estas son situaciones nuevas que tenemos que construirlas entre todos”.