La despenalización de drogas para consumo personal es uno de los grandes debates pendientes desde el año pasado, cuando algunas marchas masivas lograron instalar el tema en la agenda pública, aunque no así en la legislativa, donde los proyectos de ley quedaron cajoneados.

No obstante, parece que este año el Congreso estará dispuesto a tratar las iniciativas, que proponen modificaciones a la ley 23.737, llamada Ley de Estupefacientes.

En realidad, el tema se ubicó en el centro de las miradas a partir del proyecto que el senador oficialista Aníbal Fernández, activo militante en esta causa, presentó en marzo de este año.

En la Cámara de Diputados, que sería la que inicie el trámite, fueron presentados nuevamente tres proyectos, todos de 2010, los cuales deberán ser tratados por las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico (presidida por el radical Mario Fiad) y Legislación Penal (comandada por el kirchnerista Oscar Albrieu).

Sin embargo, el tema va más allá de las posturas políticas y atraviesa los bloques. Tal es así, que las bancadas buscan unificar una estrategia que les permita darle impulso a este debate y consensuar un solo proyecto, ya que las diferencias no son insalvables y los argumentos son similares.

En la Cámara baja, Victoria Donda (Libres del Sur) fue la que destapó la olla con su propuesta. También presentaron iniciativas Diana Conti (Frente para la Victoria) y Ricardo Gil Lavedra (UCR), acompañado por Manuel Garrido, Ricardo Alfonsín y Estela Garnero (Córdoba Federal).

Estos proyectos se fundamentan en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que señala que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”, y que “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

En este sentido, el texto de Conti argumenta que “no cabe penalizar conductas realizadas en privado que no ocasionan peligro o daño a terceros” y que “los argumentos basados en la mera peligrosidad abstracta, la conveniencia o la moralidad pública no superan el test de constitucionalidad”.

Para Donda, “la actual ley de drogas criminaliza sistemáticamente a los usuarios, ya que los obliga a demostrar su inocencia una vez sometidos al proceso penal”, hecho que colapsa los juzgados con causas de este tipo. Del mismo modo, el texto impulsado por Gil Lavedra “evita la criminalización de conductas que pueden estar comprendidas dentro del ámbito de autonomía de cada individuo”

El proyecto de Donda propone, directamente, derogar el artículo 5 de la Ley de Estupefacientes, que reza que “será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa de seis mil a quinientos mil australes el que sin autorización o con destino ilegítimo siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación”.

Este artículo indica que “cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal, la pena será de un mes a dos años de prisión”. Mientras que Donda propone derogarlo, Conti alienta a mantenerlo, pero indicando que en ese caso “el hecho no será punible”.

En tanto, desde el radicalismo proponen una nueva redacción de este artículo, pero aclarando, al igual que Conti, que el consumo individual de drogas no constituye un delito.

Del mismo modo, y con el objetivo de combatir el narcotráfico, la iniciativa de Aníbal Fernández propone “no estigmatizar ni perseguir a quien consume e ir detrás del distribuidor”.