La Cámara baja vuelve a discutir este miércoles en torno a tres proyectos de ley que proponen penalizar estas prácticas, y que el año pasado no lograron bajar al recinto a pesar de tener dictamen.
La penalización del trabajo infantil es uno de los grandes temas pendientes de 2011. El tema contaba con dictamen de las comisiones de Legislación Penal, Legislación del Trabajo y Familia en base luego de que se unificasen tres proyectos pero el mismo perdió estado parlamentario tras el recambio legislativo.
En la reunión conjunta, convocada para este miércoles a las 10 en la sala 1 del Anexo de Diputados, se debatirá sobre los delitos contra la libertad individual y trabajo de menores de edad. Los tres proyectos presentados corresponden al titular de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde; la diputada Diana Conti (FpV) y diputados de Nuevo Encuentro.
El dictamen que se había firmado en aquella oportunidad propone incorporar como Capítulo VII del Código Penal los Delitos contra la integridad de los menores, indicando que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que promoviere, facilitare, aprovechare o explotare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importe un delito más grave”.
Además, “cuando el hecho hubiere sido ejecutado en perjuicio del niño o niña, en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, la pena de prisión se aplicará a los directores o gerentes de la sociedad, administradores, síndicos o miembros de la comisión fiscalizadora que hubieren consentido de cualquier modo que el niño o niña trabajare en provecho de aquélla”.
Sin embargo, los proyectos aclaran que no será punible el padre, madre, tutor o guardador de la víctima que incurriere en esta conducta cuando mediaren circunstancias de una economía familiar de subsistencia.
Pero la pena de prisión será de tres a seis años cuando las víctimas fueran tres o más; cuando el hecho fuere cometido con el concurso de tres o más personas en forma organizada; o cuando el hecho fuere cometido por un funcionario
público, en cuyo caso sufrirá además la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
Otro de los agravantes propuestos tiene que ver con establecer una pena de cuatro a ocho años cuando “la utilización de la prestación laboral del niño o niña se efectuare en actividades riesgosas, inseguras o peligrosas, conforme la calificación
que sobre las mismas determinen las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo”.
Este debate se da además en el marco de una reforma integral del Código Penal, tarea que ya inició una comisión encabezada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, y que conforman los diputados nacionales Ricardo Gil Lavedra (UCR), Federico Pinedo (Pro), la delegada de la Gobernación de la provincia de Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires, María Elena Barbagelata (FAP); y el ex ministro de Justicia de la Nación y de Seguridad bonaerense, León Arslanian.
