Los senadores convirtieron en ley la norma que prevé la eliminación del DNI libreta y sanciones para los no votantes. Así resultó por 41 votos afirmativos y 22 negativos, tanto en general como en particular.
El Senado de la Nación convirtió en ley las modificaciones al Código Electoral. La norma fue aprobada al cabo de un debate de poco más de tres horas y por amplia mayoría.
La votación arrojó un resultado de 41 votos afirmativos y 22 negativos, tanto en la votación en general, como en la particular.
Con una hora de retraso, a las 15.05 el pleno de la Cámara alta comenzó la sesión en la que el tema central sería la sanción con fuerza de ley de los cambios en el Código Electoral, defendido la semana pasada por el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Vale señalar que el retraso obedeció a un llamado de la presidenta al titular del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, para que acudiera a Olivos, lo que hizo dilatar la convocatoria en el recinto.
En su defensa del proyecto, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, señaló como miembro informante por parte del oficialismo, que el núcleo de la norma gira alrededor de dos artículos. El primero es la inalterabilidad del padrón y el segundo darle habilitación al soporte por tarjeta del documento de identidad.
El legislador neuquino destacó las características principales de los cambios –aclaró que no se estaba reformando el Código, sino simplemente “modificando”- y destacó el papel del Estado en garantizar la identificación de los ciudadanos en referencia a la confección de documentos.
Desde el radicalismo, el senador Mario Cimadevilla reclamó de una reforma del Código Electoral cuestiones más profundas como el sistema de boleta única, o la eliminación de las candidaturas testimoniales. Hizo referencia a la constancia de la emisión del voto y advirtió sobre “graves problemas de operatividad”. A su juicio, “no queda claro de qué manera vamos a verificar la certificación del voto”. Se permite a su juicio que el Gobierno “se convierta en juez y parte del sistema electoral”.
Para la senadora Sonia Escudero, la norma establece “un grave retroceso en los derechos”. “Cada partido necesitará un fiscal que esté acreditado en la mesa en que debe votar”, advirtió, asegurando que eso es “imposible”. Señaló también que la práctica más utilizada es “la desaparición de las boletas”, considerando en ese sentido que el sistema es “obsoleto”.
La legisladora salteña dijo que esta reforma “va encaminada a dificultar a los partidos la fiscalización”. Para ella “no hay razón de que la Argentina no avance en el sistema de boleta única”.
A su turno, la senadora Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis) expresó que “reforma política o reforma electoral no es”, y añadió que “de lo que si se trata es de un avance en nuevas tecnologías. Tendríamos que ser muy necios para negarlo, no podemos darle la espalda a las nuevas tecnologías”.
Al adelantar su voto en contra, Negre sostuvo que “esta reforma o modificación de la que se habla tiene una cuestión muy grave, que es la sanción que establece para los empleados públicos. Tenemos que entender que el sistema argentino de votación es obligatorio para todos, no sólo para los empleados públicos. Entonces todos debemos tener la misma sanción. Esta cesantía con inhabilitación que se propone es una rémora del viejo Código Penal que imponía penas infamantes, es decir, estamos hablando de lo que se hacía en la época de la dictadura. Además, se habla de subalterno, o sea, el jefe de la administración pública trata de subalterno a los empleados. Esto en vez de haberlo modificado lo han profundizado. Esto nos parece muy grave”.
Por su parte, el senador bonaerense Aníbal Fernández dijo que “lo que estamos definiendo es algo nuevo en el marco de seguir creciendo” y sentenció que “es un verso que digan que se roban las boletas”. En rechazo a las imputaciones lanzadas desde la oposición preguntó: “¿Cómo se le roba una boleta si cada cuatro votos están revisando el cuarto oscuro?”.
“Esta libreta no sirve para nada, nunca sirvió para nada”, y subrayó que “cuando las críticas lesionan al poder formal lo que se conseguía siempre era mellar, romper, para que sea los que no tienen la responsabilidad de representantes de la voluntad popular que tomen decisiones por nosotros”.
El titular del bloque radical, Luis Naidenoff, consideró que “se desperdicia una oportunidad” para hacer una mejor reforma electoral.
Dijo que en su momento, cuando se aprobaron las primarias abiertas y simultáneas, admitió compartir el objetivo de eliminar el sistema de colectoras, del que dijo haber sido víctima personal. Pero a la postre, el Gobierno terminó convalidándolas, se quejó. “En vez de ir a una reforma electoral, una vez más se avanzó, como nos tienen acostumbrados, imponiendo”, lamentó al adelantar el voto en contra del radicalismo.
Naidenoff dijo que “si esto no se veta o el oficialismo no rechaza el artículo (que impone castigos por no votar) esto es un apriete”. A su juicio, “se está discriminando y castigando a los trabajadores del Estado”.
Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani consideró “grave que a esta reforma la vote solamente el partido del gobierno” y preguntó: “¿para qué se gastaron mil millones de pesos para hacer 14 millones de DNI si ya no sirven?”. “No va en un sentido de más transparencia este cambio del DNI libreta al DNI tarjeta abriendo serios interrogantes con la incorporación del comprobante que le va a quedar al elector después del sufragio”, continuó el socialista. Giustiniani destacó que “resulta una contradicción haber abierto una consulta de juristas para reformar el Código Civil y Comercial, formar una comisión de la oposición para reformar el código Penal y ni siquiera tomar las observaciones realizada por la Cámara Nacional Electoral para incorporarlas en esta reforma que se sanciona solamente con los votos del oficialismo”.
“No compartimos una reforma que no fue consultada con la oposición” dijo el legislador por Santa Fe y que además “no aborda la boleta única”, aclaró el socialista. Giustiniani advirtió que la nueva ley tiene un artículo que fue redactado durante la dictadura y que no fue cambiado. Se trata del artículo que ordena a los funcionarios públicos la obligatoriedad de presentar la constancia de voto al día siguiente de la elección en sus respectivos trabajos para no ser suspendidos por seis meses.
La iniciativa introduce como principales cambios la eliminación del DNI libreta, reemplazándolo en su formato tarjeta. La constancia de voto será entregada por la autoridad de mesa correspondiente. Aquellas personas que no se presenten a emitir sufragio serán penadas con una multa y se creará un registro de no votantes.
En cuanto a la constancia de emisión del voto que se entregará a los ciudadanos de ahora en más, el proyecto establece que el Ejecutivo definirá en la reglamentación en torno a la conveniencia del uso de troqueles o de códigos de barras. Más allá de esto, ordena a los funcionarios públicos la obligatoriedad de presentar esta constancia al día siguiente de la elección en sus respectivos trabajos para no ser suspendidos por seis meses. Este fue uno de los puntos que generó más discusión en su tratamiento en particular.
La iniciativa hace hincapié en la Reforma Política, “tendiente a brindar a la ciudadanía un sistema más moderno, ágil, transparente y dotado de seguridad jurídica para el electorado”, que comenzó con la implementación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
En su primer artículo, la propuesta indica que ninguna autoridad, ni tampoco el juez electoral, podrán ordenar al presidente de mesa que admita el voto de un ciudadano que no figura inscripto en el padrón electoral. Asimismo, las multas para quienes no voten van de 50 a 500 pesos, en el caso de que no justifiquen este accionar dentro del plazo de los 60 días posteriores al día de la elección.
Otras cuestiones
La sesión se inició con el pedido de una cuestión de privilegio presentado por la senadora radical mendocina Laura Montero, referido al no cumplimiento de la Ley de Medios, que dio lugar a una discusión entre el radicalismo y el Frente para la Victoria.
Tras una serie de pedidos, entre los que figuró el del senador Eugenio Artaza para dar preferencia a la discusión del tema de la minería a cielo abierto -que fue aprobado-, el senador Gerardo Morales invocó un proyecto para tratar sobre tablas su proyecto para crear una comisión bicameral con relación al Exodo Jujeño y anticipó que reiteraría ese pedido en las sesiones venideras. Ante ello, Miguel Pichetto aclaró que no tenía conocimiento de esa iniciativa ni problemas para tratarla, lo que llevó a Morales a transformar su pedido sobre tablas por el de preferencia.
Tras ello, se dio ingreso formal al pliego de Daniel Reposo para el cargo de procurador general de la Nación.
Posteriormente se aprobaron proyectos como el que modifica el nombre que lleva la nueva Autopista de la Ruta 9 que pasará a llamarse General Juan José Valle, en lugar de General Pedro Eugenio Aramburu; el Plan de Manejo del Fuego; uno sobre Seguimiento de Niños en Riesgo, la expropiación del inmueble en el que se confeccionan los DNI y un aporte del Estado argentino a la capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo. A instancias de la senadora Sonia Escudero también se incluyó una modificación al reglamento del Senado a los efectos de darle operatividad a la Comisión Banca de la Mujer.
También se dio el visto bueno a la creación de la Comisión Bicameral sobre la cuestión de las Islas Malvinas, que tiene como fin contribuir con las acciones de reafirmación de la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Al respecto, el senador Daniel Filmus celebró haber llegado a una opinión unánime sobre el tema en el tratamiento que se le dio en comisión, y cosechó el apoyo de todos sus pares.
Posteriormente se prestó acuerdo a la designación como embajador en Costa Rica del general Martín Balza.
