El diputado del Frente Peronista Enrique Thomas solicitó al Ejecutivo Nacional que informe acerca de diversos temas relacionados con los servicios de comunicación audiovisual desde la aplicación de la ley 26.522. Entre ellos pide detalles sobre el gasto diario en publicidad del Estado Nacional.

El pedido de informes solicita que el presidente del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Santiago Aragón, informe sobre los cambios registrados en la programación televisiva de todo el país; cuál es la situación de los medios y canales alternativos, comunitarios o independientes y qué empresas proveen la programación que se difunde en los canales de televisión, especialmente los de mayor audiencia, entre otros temas.

Según Thomas, el objetivo del pedido de informes es “constatar si se han operado cambios positivos en el modelo concentrado y centralizado de la producción audiovisual -para lo cual es necesario conocer qué porcentaje de los contenidos que se retransmiten en las provincias argentinas proviene del Área Metropolitana de Buenos Aires”.

Recordó que entre los objetivos centrales de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual figura el de permitir la apertura a nuevas voces, organizaciones, cooperativas, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro especialmente habilitadas para brindar servicios.

Dentro de ese marco, consideró de importancia saber sobre la existencia de los nuevos canales creados al amparo de esta ley, sus titulares, vías de financiamiento y si cumplen con las obligaciones previstas por la norma.

El legislador dijo que en su momento “advertimos que la Ley 26.522 sería utilizada como una herramienta política de corto plazo, sin proponer políticas viables y sostenidas para generar la irrupción de nuevos actores y abordar el escenario comunicacional constituido por los nuevos medios digitales, porque lo único que se buscaba, era descapitalizar a grandes multimedios críticos de algunas acciones del Gobierno”.

“Una preocupación es la falta del mismo rigor para otras empresas que no cumplen con las especificaciones de la ley de Comunicación Audiovisual, como por ejemplo Telefónica, dueña de Telefé o el grupo mexicano encabezado por Ángel González, propietarios de Canal 9 Buenos Aires”, agregó.

En su pedido de informes, Thomas exige conocer el gasto diario del Estado nacional en publicidad televisiva oficial y a qué canales se destina y la actividad desarrollada por la propia Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual especialmente en lo que concierne a la aplicación de sanciones.

“Queremos ser informados acerca del rol que desempeña la AFSCA en la implementación de la televisión digital, así como las asignaciones de señales otorgadas desde su puesta en funciones y qué medidas concretas ha adoptado el organismo contra Radio y Televisión Argentina S. E. por no haber implementado una estructura directiva democrática y, por el contrario, constituirse como agencia propagandística gubernamental, transgrediendo los principios normativos de democracia comunicacional consagrados en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual”, enfatizó Thomas.