Por Miguel Bazze
No puede haber una reforma constitucional que posibilite la reelección de la Presidenta sin transgredir de manera insultante el respeto a los principios que dan forma a nuestra institucionalidad republicana y democrática.
Es grave que el gobierno se plantee como posibilidad avanzar en esa dirección, impulsando un proyecto que a todas luces pretende burlar principios esenciales consagrados en la Constitución Nacional.
Las mayorías electorales no autorizan a hacer cualquier cosa, y cuando un gobierno o un partido político cree que puede actuar de esa manera, cuando imagina que un triunfo electoral -por importante que sea- lo autoriza a hacer lo que quiera, aun violentando normas básicas de la convivencia ciudadana, padece de una grave desviación fascista y sus acciones, inevitablemente, producen al conjunto de la Nación daños difíciles de reparar.
El gobierno se equivoca si considera que el apoyo obtenido en las elecciones lo habilita a más de lo que en realidad le concede la sociedad. Si hasta supone que el triunfo le da impunidad y cree que no debe ser controlado, ni se deben investigar hechos de corrupción en los que aparecen vinculados sus funcionarios. Imagina que está autorizado a engañar a la sociedad, tal como lo hizo con la crisis energética, que solo confesó cuando la situación se convirtió en insostenible, o como lo hace con la inflación y la marcha de la economía en general. Supone que puede ser autoritario, poco transparente, y negarle al periodismo la posibilidad y el derecho indiscutible de informar, y en consecuencia, a la población el de saber y conocer.
Cree que puede despilfarrar fondos públicos, o ser irresponsable como es en el caso del ferrocarril Sarmiento que después del accidente sigue funcionando en las mismas condiciones que antes.
Ahora, como era de esperar, pretende impulsar una reforma constitucional con el único objeto de lograr la reelección de la actual Presidenta.
El gobierno debería ser serio, respetuoso de las leyes y del espíritu de la Constitución Nacional, y no caer en este gravísimo desvió autoritario que tiene por único objeto la perpetuación en el poder.
La Presidenta sabe, y debe asumirlo, que no tiene derecho a imaginar una nueva reelección, que sería muy grave que ella promoviera o consintiera esa idea, y peor aun que -para facilitarla y disimular el verdadero objetivo- intentara modificar el actual sistema de gobierno por el parlamentario. Cualquier cambio de sistema de gobierno debe estar pensado exclusivamente en función de las necesidades del país y nunca puede impulsarse para beneficiar al gobernante de turno.
El oficialismo que pretende mostrarse como una expresión progresista de la política debería saber que el progresismo responde a determinados parámetros y conductas, y que la búsqueda de la perpetuación personal o familiar en el poder está en la antípodas de los mismos. En realidad, son propias de proyectos retardatarios que siempre llevan a los países al atraso y a la postergación.
En el mundo hay sobrados ejemplos, y en nuestra región se pueden apreciar con toda claridad los diferentes comportamientos, como el de Lula, Lagos y Bachelet, referentes indiscutidos del progreso, o el del personalismo retardatario de Chávez.
Los partidos políticos tenemos el deber de reaccionar y poner límite a este intento de atropello y así podremos demandar una actitud comprometida de la sociedad.
Sería muy malo para el país que la oposición tuviera una actitud complaciente y terminara aceptando como validos los argumentos con los que el gobierno va a pretender enmascarar su propuesta.
El oficialismo ha demostrado que prefiere la viveza a la inteligencia, que confunde seriedad con debilidad y que es capaz de intentar reemplazar la historia por su deformado relato.
En consecuencia debemos saber que intentará disfrazar la realidad y presentar su proyecto como un aporte a la calidad institucional cuando en realidad es exactamente lo contrario, por lo que debemos actuar con firmeza e instalar el debate en los términos que corresponden.
Debemos todos, en definitiva, asumir nuestra responsabilidad, conscientes que permitir esta reforma constitucional sería un grave retroceso para la Nación.
*Diputado Nacional UCR Buenos Aires
