El proyecto que otorga un resarcimiento económico para familiares de víctimas y a heridos graves de la voladura de la mutual israelita será abordado este martes en la Comisión de Justicia de Diputados. También se incluye una reparación por la represión de 2001.
La Comisión de Justicia de la Cámara baja se reunirá este martes a partir de las 14 para analizar un proyecto que fija un resarcimiento económico a familiares de víctimas y a los heridos graves del atentado a la AMIA.
El orden del día de la citada comisión toma en cuenta una indemnización a las víctimas del atentado perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA); ratificación del decreto 812/05; reparación histórica para las víctimas de la represión con motivo de las jornadas de protesta y movilización de los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2001; régimen; beneficio extraordinario de reparación por única vez, para los derechohabientes de las víctimas del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994.
Se trata de una iniciativa impulsada originalmente por el ex titular de la Cámara baja, Eduardo Fellner, y el titular de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, que había recibido dictamen el año pasado, pero que perdió tal condición con el recambio legislativo de diciembre pasado.
Según la norma habrá un beneficio extraordinario de reparación, por única vez, para los derechohabientes de las víctimas del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994. Para estas víctimas también se avaló un proyecto sobre indemnización que ratifica el Decreto 812, de 2005.
La comisión de Justicia también comenzará a estudiar un proyecto por el que se establece la reparación económica para los familiares de las víctimas de los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001 y para quienes sufrieron heridas de distinta consideración. Consiste en un régimen de reparación histórica para las víctimas de la represión durante las jornadas de protesta y movilización que tuvieron lugar el 19, 20 y 21 de diciembre de 2001. Para los casos de muerte y lesiones “graves” o “gravísimas”, el proyecto plantea aplicar los artículos 90 y 91 del Código Penal, que establecen penas que van de uno a diez años, según el caso.
El texto indica que “los días 19, 20 y 21 de diciembre del año 2001 representaron, desde la restauración de la democracia, la más violenta represión ejercida por el Estado sobre una movilización y protesta de ciudadanos en diferentes puntos de todo nuestro país”.
