Diputados tratará en comisión una serie de modificaciones a la Ley 24.521. También se buscará aprobar una iniciativa para regular las universidades extranjeras y otra para crear un Programa Nacional de Tutorías.
La Comisión de Educación de la Cámara baja abordará a las 17 un conjunto de iniciativas referidas a la educación superior. Entre ellas se destacan dos proyectos de la titular del cuerpo, Adrian Puigross (FpV), sobre “Implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el nivel de Educación Superior” y “Régimen de Permanencia y Bienestar Estudiantil”, modificatorias de la Ley de Educación Superior 24.521 sancionada en 1995.
La primera norma establece “la responsabilidad principal e indelegable del Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la Educación Superior, en tanto la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y social”.
En este sentido, resuelve que “el Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, de la supervisión y fiscalización de los organismos e instituciones educativas de gestión estatal así como de la supervisión y fiscalización de los de gestión privada, del Nivel de Educación Superior”.
En tanto, se fija la responsabilidad del Estado en el “financiamiento, la supervisión y fiscalización de los organismos e instituciones educativas estatales y privadas”; y “la prohibición de establecer cualquier tipo de gravamen” sobre la educación de grado”.
Además, el Estado deberá ser responsable de “la provisión equitativa de becas, condiciones adecuadas de infraestructura y recursos tecnológicos apropiados que posibiliten el derecho a la Educación Superior en los casos de aquellas personas que, poseyendo las condiciones legales suficientes, sufran carencias económicas verificables y/o tengan discapacidades, permanentes o temporarias”.
Por su parte, el Estado deberá implementar “mecanismos y procesos concretos de articulación entre los componentes humanos, materiales, curriculares y divulgativos del Nivel y con el resto del Sistema de Educativo Nacional, así como propiciar la integración internacional con otros Sistemas educativos, en particular con los del Mercosur y América Latina”.
Por otro lado, la norma concluye con la creación en el ámbito de la Auditoría General de la Nación de una sección especial dedicada específicamente a las Universidades “que pueda dar cuenta de la particular manera en que se gestiona este tipo de Institución y que no se corresponde con otros organismos públicos lo que procura de esta manera complementar en el aspecto administrativo lo que realiza la CONEAU en el académico”.
También se pondrá en consideración un proyecto venido del Senado que busca regular el funcionamiento de las universidades extranjeras radicadas en el país y la creación de un Programa Nacional de Tutorías en Educación Superior.
Los proyectos habían sido aprobados en 2011 por la Comisión de Educación pero cayeron con el recambio legislativo. Teniendo en cuenta este antecedente, serían despachados sin inconvenientes.
