“Estoy satisfecha que algunos miembros de la Justicia Federal se animan a llamar las cosas por su nombre, como en el caso de la Escuelita, causa en la que la fiscal consideró a la violación como delito de lesa humanidad”, dijo la diputada Alicia Comelli, quien esperanzada agregó: “Ahora hay que esperar que el tribunal actúe en consecuencia sobre todo teniendo en cuenta que el testimonio que da cuenta de estos hechos es el de una víctima de quince años”.

“Estos antecedentes de violencia sexual cometidos durante secuestros clandestinos practicados durante la dictadura militar no dejan duda de que constituyen delitos de lesa humanidad y como tales deben ser juzgados”, opinó la diputada. Así manifestó su satisfacción por el accionar de la fiscal federal María Cristina Beute, quien debió salir a aclarar que hace un año y medio que el ministerio público revisa “las agresiones sexuales como un ataque distinto a lo que fue la aplicación de tormentos”.

Beute tuvo que salir a aclarar la cuestión luego de un planteo que surgió la semana pasada en el juicio neuquino, denominado La Escuelita II, por delitos de lesa humanidad para que se impute también por violación a los responsables de los secuestros y torturas en el Alto Valle. En el caso fue Dora Seguel, quien solicitó que se incluyera ese delito. La mujer fue convocada como testigo por su secuestro a los 16 años, en el denominado operativo Cutral Co, que tuvo como resultado la detención y tortura de una decena de militantes sociales y políticos de la comarca petrolera, varios de los cuales siguen desaparecidos.

“En los pocos fallos existentes en este sentido se consideró que las violaciones en cautiverio además de constituir un delito de género en si mismo fueron, en el contexto del terrorismo de Estado, parte de un plan sistemático de exterminio ya que se aplicaron como método y, por lo tanto, deben ser castigados como delitos autónomos”, explicó la diputada. Comelli recordó algunos antecedentes en Mar del Plata, Mendoza y el del juez federal de Tucumán Nº 1 Daniel Bejas quien procesó a los altos mandos militares de la última dictadura Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi como partícipes necesarios de violaciones sistemáticas, tomando incluso la legislación de violencia contra las mujeres en sintonía con la convención de Belem do Pará en el contexto de una investigación por delitos cometidos por el terrorismo de Estado.

También como miembro de la Cámara baja, Comelli fue una de las que destacó el accionar de los funcionarios judiciales que están juzgando los hechos de los años más oscuros de la historia argentina y también criticó a aquellos que hacen caso omiso de las causas u omiten tratarlos, en la histórica sesión del 24 de marzo pasado.