La diputada de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió y el resto de los legisladores que lidera Alfonso Prat Gay en la Cámara baja impugnaron ante el Senado el pliego que proclama al actual titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Daniel Reposo, como nuevo Procurador General de la Nación, en reemplazo de Esteban Righi.

Carrió y los legisladores señalan al comienzo del texto que “el nombrado no es persona idónea para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación, para el que fuera propuesto por el Poder Ejecutivo”.

Los diputados detallan: “No resulta un detalle menor que ‘casualmente’ Reposo haya sido designado en la Sigen en noviembre de 2009, cuando el Gobierno –nacional- impulsara fuertemente las investigaciones sobre cómo Papel Prensa S.A. había llegado a manos de sus actuales dueños; designación que se dispusiera en reemplazo de Carlos Pacios, quien según trascendiera entonces públicamente, se había negado a aumentar las auditorías internas a la empresa Papel Prensa en medio del enfrentamiento entre el Gobierno y los diarios Clarín y La Nación”.

Además, en la impugnación se manifiesta, en relación con este último tema, que “no es un detalle menor que el candidato Reposo sea síndico titular en Papel Prensa, habiendo sido uno de sus roles más recordados, el de haber tapado las cámaras que grababan una asamblea de directorio, luego de que el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, interviniera la empresa y apareciera con guantes de box, impidiendo la votación”.

Según los diputados, “el funcionario candidato a ocupar la más alta investidura en el Ministerio Público de la Nación, ha sido subordinado del vicepresidente de la Nación, quien como se dijo, con motivo de encontrarse investigado penalmente por la Justicia Federal, promovió la intempestiva ‘salida’ del hasta entonces Procurador General de la Nación”, y destacan: “Esto, además de encontrase investigado él mismo por la Justicia penal federal, y de haber realizado manifestaciones públicas contundentes respecto a preferencias político-partidarias, dan cuenta de su adhesión al partido político a cargo del Poder Ejecutivo de turno”.

Finalmente, los legisladores sostienen todo genera “un temor razonable de parcialidad que lleva a suponer que el candidato impugnado, una vez nombrado, favorezca de algún modo la situación procesal del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, a la hora de instruir a los fiscales que pasarían a depender de él, así como la situación procesal de otros funcionarios del Poder Ejecutivo que están siendo investigados por hechos de suma gravedad, como el caso de la tragedia de Once y del vaciamiento de YPF”.