Es sabido que aun desde el oficialismo, Cristina Fernández de Kirchner nunca fue una fácil de contener, en sus tiempos como legisladora. Todo lo contrario, se llevó mal con el Gobierno de Carlos Menem y no fue mejor la relación que tuvo con el de Eduardo Duhalde. Más allá de que cuando este último finalmente bendijo a Néstor Kirchner para sucederlo las cosas obviamente cambiaron, la relación del matrimonio santacruceño con el bonaerense fue tormentosa en buena parte de su gestión.

Cristina le dio apenas unas semanas de gracia al Gobierno de Duhalde. Cuando como senadora se abstuvo de votar la ley de Emergencia Pública en los albores de esa gestión, si bien la suya no había sido una actitud aislada, quedó en el ojo de la tormenta. Los reproches para el resto de los díscolos fueron menguados. A Liliana Negre de Alonso se le justificó la actitud por la reciente caída de Adolfo Rodríguez Saá; en cambio, la postura de la esposa del gobernador santacruceño motivó por ejemplo que el entrerriano Jorge Busti le enrostrara al presidente Duhalde el comportamiento de “tus amigos los Kirchner”.

Lo de la emergencia económica fue en enero; en mayo, las vueltas de la política ponían a Jorge Busti del lado de Cristina, formando lo que se dio en llamar el “Grupo de los 8”, que expresaba la oposición interna a Duhalde en el Senado. La génesis de esa rebelión estuvo en un sonado episodio que volvió a poner en el ojo del huracán a los Kirchner en general y a Cristina en particular.

Fue por la derogación de la ley de Subversión Económica, una de las tantas exigencias que por entonces el Fondo Monetario le hacía a Duhalde a cambio de una ayuda financiera que jamás le entregó.

Acceder a semejante demanda le hacía ruido al propio justicialismo. No se trataba ya de la voz aislada de Cristina Kirchner, sino de todos los que se resguardaban en sus propios pruritos para resistir legislar de acuerdo con las demandas externas. Con el mismo pragmatismo que unos meses después debería sostener los mandamientos del presidente Kirchner, Miguel Angel Pichetto buscaba las justificaciones. “O somos Albania, o recuperamos un camino que nos permita cumplir con los organismos internacionales de crédito”, trataba de convencer a sus colegas, remisos a sacar de la mira a banqueros y funcionarios, como implicaba la derogación. El argumento oficial era que todas las conductas incluidas en la ley a voltear ya figuraban en el Código Penal. ¿Para qué tanta desesperación por sacarla entonces?, repreguntaban los rebeldes.

Jorge Yoma dijo no recordar que en la historia argentina el FMI hubiera exigido la derogación de leyes penales y que la modificación de la norma, que era lo que ahora pretendía el Gobierno, imponía una suerte de amnistía para más de 50 causas actualmente en tribunales.

“A mí no me disgusta que los banqueros estén desfilando por los juzgados; si son inocentes, bien, pero si no, que se hagan responsables de sus actos”, advertía el entrerriano Busti, para nada dispuesto a acceder a lo que el Gobierno demandaba.

¿Qué había llevado a Jorge Busti a esa posición contraria a lo que el Gobierno pedía como si le fuera la vida misma en ello? Duhalde acababa de honrar los pactos con el radicalismo salvando del juicio político al gobernador entrerriano Sergio Montiel, lo que desató la ira de Busti y su encolumnamiento en el ala rebelde.

La senadora Fernández de Kirchner, en tanto, se oponía desde el convencimiento de que no vendrían fondos derogando esa ley y, por el contrario, lo único que harían sería agregarle a la debacle financiera la deslegitimización del Parlamento.

El tema es que Duhalde había comunicado a los legisladores que si no se aprobaban las modificaciones a la ley, “entonces no hay posibilidad de gobernar”. El presidente acababa de regresar de Europa, de donde regresó con la certeza de que si no logra un acuerdo con el FMI la Argentina terminará envuelta en el caos.

Nada quedaba de la vieja alianza de los Kirchner trazada con Duhalde, al que Cristina criticaba por no saber qué hacer con la República. En el recinto, el 30 de mayo de 2002 disparó sobre sus propios colegas que un día votaban una cosa y al siguiente otra: “Por cuestiones humanitarias no voy a leer los discursos de algunos senadores cuando votaron en un sentido hace cuatro meses y hoy lo hacen en sentido totalmente contrario, ya que el presente proyecto es la virtual derogación del anterior”. Ese día Cristina inauguró el término “votación copernicana”.

El G-8 liderado por Fernández Kirchner y Yoma opuso tenaz resistencia en el tratamiento previo a la llegada al recinto de la ley de Subversión Económica. Pero esta vez las cosas habían sido arregladas con los radicales, quienes tendrían la posibilidad de expresar sus críticas mas sin trabar la modificación de la ley. Fue ahí que Cristina sacó un as de la manga que desconcertó a propios y extraños, y abrió una polémica interminable.

Esa sesión se presentó como una de las batallas legislativas más feroces en años. El radicalismo accedía a poner el número necesario para abrir la sesión, pero con la advertencia de que votarían en contra. Al oficialismo no le importaba, pues aun sumando sus rebeldías internas les alcanzaba con lo justo. Todos los votos estaban contados y como estaban también detallados en los diarios, ya nadie podía cambiar su posición.

En esos días Cristina dialogaba mucho con su colega y amiga Vilma Ibarra, y en una de esas conversaciones, la hermana del entonces jefe de Gobierno porteño le comentó a la santacruceña que el correntino Lázaro Chiappe votaba en el mismo sentido que el G-8, pero estaba en Corrientes. “Lo estoy tratando de ubicar, pero hasta ahora no pude”, le dijo Ibarra, ante lo cual la senadora le encargó que insistiera y luego verían cómo traerlo.

Vilma Ibarra cumplió: ubicó al senador liberal, pero éste le explicó que estaba inmerso en un tema que involucraba a jueces de su provincia y que no podría estar en la votación. La legisladora del Frente Grande le dijo entonces que él no tenía idea de lo que podía pasar, porque si resultaba ser quien con su ausencia dejaba que se definiera la votación a favor de la derogación de la ley, podría ser sospechado de cualquier cosa, pues era una votación central.

La idea de mandarlo a buscar surgió durante una nota que Cristina concedió al periodista Marcelo Slotogwiazda, quien cruzó a ambos legisladores durante una entrevista radial y allí el correntino siguió con su actitud remisa, aclarando que además no conseguía avión para viajar. “Bueno, pero si ese es el problema, ustedes tienen el avión de la provincia”, le comentó el periodista a la santacruceña, a lo que Cristina respondió: “Tiene razón, se lo voy a pedir prestado a Kirchner. Fue medio en broma, medio en serio, pero la idea quedó dándole vueltas en la cabeza.

Al rato, Vilma Ibarra recibió el llamado de Chiappe desesperado, diciéndole que quería viajar porque hasta su familia se lo había exigido, evoca el libro Cristina K. La dama rebelde, de José Di Mauro. El problema ahora era que no tenía vuelos. La senadora le respondió que se tomara el primer avión que saliera para Buenos Aires y ellos iban a hacer lo posible para demorar la sesión hasta que pudiera llegar.

Tras cortar con él, la senadora llamó urgente a Cristina para contarle lo que ya ella presumía, y fue entonces que respondió: “Chiappe es funcionario público y viene a cumplir una función pública. Le mando la avioneta de la gobernación”.

Vilma Ibarra arregló todo con su colega correntino, mientras Cristina llamaba a su esposo para pedirle el avión sanitario, que se encontraba en Buenos Aires.

El avión Citation partió desde Buenos Aires rumbo a Corrientes y Chiappe estuvo en el Aeroparque Metropolitano poco después de las 13, donde un auto enviado por la senadora Fernández lo estaba aguardando para llevarlo raudo al Congreso; veinte minutos después estaba sentado en su banca. La senadora duhaldista Mabel Müller se ubicó prestamente a su lado, pero apenas alcanzó a comenzar a decirle que cómo les había hecho eso después de todo lo que había hecho el Gobierno para apoyar a su gobernador, no pudo hablar más, pues en ese instante se le dio la palabra al correntino.

La derogación de la ley se logró con lo justo, a través del doble voto del presidente del Cuerpo -alternativa excepcional que se utiliza cuando una votación termina empatada-, pero sólo se llegó a esa salida merced al abandono del recinto por parte de la senadora radical Amanda Isidori, quien obedeció así el pedido especial que le hizo el gobernador de su provincia, el hoy senador Pablo Verani, para permitir que cayera la ley: los radicales votaban en contra, pero “en aras de la gobernabilidad” no dejarían caer la derogación. De lo contrario, se hubieran ido del recinto sin dar quórum. En definitiva, la presencia de Chiappe los dejó sin otra salida más que la de quedar expuestos.

Derogada la ley, Cristina debió soportar el chubasco. Desde el Gobierno se difundió que el costo de movilizar un avión ascendía a 23 mil dólares, lo que fue refutado por la senadora, quien aclaró que el avión estaba en Buenos Aires y que moverlo a Corrientes había costado sólo 3.600 pesos. “Muchísimo menos que los 66.000 millones de dólares que les robaron a los ahorristas”, desafió Cristina Fernández, consciente de que habían logrado poner en vilo al Gobierno de Eduardo Duhalde.

En el futuro, ya tendría la oportunidad de vérselas cara a cara con el FMI.