Muchas voces se alzaron a partir de la decisión del Gobierno de rescindirle el contrato a la empresa TBA en las líneas Mitre y Sarmiento. Desde los bloques opositores salieron a apoyar la medida, aunque aprovecharon para arremeter contra la responsabilidad del ministro de Planificación, Julio De Vido, por el estado del servicio.

“Es bueno que el Gobierno haya tomado finalmente esta decisión, pero con TBA no alcanza, la revisión del sistema de transporte debe ser integral”, consideró la diputada nacional Graciela Ocaña (Udeso).

Ocaña reclamó la emergencia en materia de transporte en Ciudad, en la Provincia y la Nación”, y criticó: “Es inadmisible que Julio De Vido siga al frente de su cartera siendo el responsable político del estado calamitoso del transporte nacional. El transporte debe dejar de ser un icono de corrupción y desidia”.

En ese sentido, la legisladora concluyó que “Argentina necesita una planificación y gestión profesionalizada del transporte, igual que como pidió la presidenta en YPF.

Su par Manuel Garrido, en tanto, celebró la decisión de cancelar la concesión de TBA “y se acabe con el negocio de los Cirigliano”, pero lamentó “que se haya bloqueado este debate en la comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso”.

Garrido advirtió que “la mayoría oficialista en esa comisión trabó la cuestión diciendo que había que esperar a la causa judicial, mientras que la decisión del Ejecutivo pone en evidencia que no hay razones para que el Congreso no examine las responsabilidades que surgen de los informes de AGN”.

Desde el FAP, el socialista Roy Cortina señaló que “la conferencia de prensa realizada por De Vido es una respuesta tardía e insuficiente a la masacre de Once, que parece una puesta en escena frente a la organización del reclamo de los familiares de las víctimas”.

“Sacarle la concesión al grupo Cirigliano para dársela al grupo Roggio, que hace pocos días fue denunciado por el propio De Vido por girar regalías al exterior a costa del mantenimiento de las líneas de subte a su cargo, no hace más que sembrar un nuevo manto de dudas sobre la seguridad de los cientos de miles de pasajeros que día a día viajan en el Sarmiento y el Mitre”, sostuvo Cortina.

“Por fin se quitó esta bochornosa concesión –lanzó su par Victoria Donda-, ya era insostenible en todos los aspectos, tanto desde la perspectiva de la gestión del servicio como desde la cuestión legal”.

La diputada de Libres del Sur cuestionó que sean Ferrovías y Metrovías las que se hagan cargo de la operación del servicio: “No me imagino qué tipo de control serio pude realizarse sobre esta UGOFE la CRNT, que hasta ahora ha sido funcional a este modelo de corrupción e ineficiencia ferroviaria”, observó.

Por último, Gustavo Ferrari (Frente Peronista) también apuntó a la “tardanza” de la decisión a tres meses de la tragedia de Once y advirtió que “el Ejecutivo no desconocía la pésima situación en la que se encuentra el servicio de transporte ferroviario, ya que le venía aplicando a TBA multas millonarias por graves irregularidades al régimen de concesión, incluso en temas que hacían a la seguridad de los pasajeros”.

“Pero evidentemente esto oficiaba solo como un magnífico sistema de recaudación de dinero, que se recirculaba vía subsidios, ya que ninguna de las sanciones respondió a su finalidad última, esto es, la mejora en las condiciones del transporte”, alertó Ferrari.

El diputado nacional Alfredo Olmedo recordó que él propuso la rescisión de los contratos con TBA a través de un proyecto presentado en el mes de febrero de 2012, y dijo esperar que “el Gobierno nacional paute políticas urgentes en materia de transportes ferroviarios de corta, media y larga distancia”. Olmedo se mostró preocupado por la situación ferroviaria actual y bregó a sus pares a tratar estas iniciativas en forma urgente cuando llegue el DNU para corroborar lo que planteó él mismo Olmedo ante la Cámara de Diputados de la Nación.

“Desde hace tiempo esperábamos del gobierno la rescisión del contrato de TBA”, expresó el diputado nacional del PS Ricardo Cuccovillo, para quien se trata de “una medida acertada, esperamos que signifique una verdadera modificación en el sistema ferroviario, hay que ver todo los detalles, porque, como siempre, el gobierno en cada una de sus acciones nos deja muchas dudas”.

“¿Quien va a responder sobre el manejo y el otorgamiento de los subsidios a lo largo de estos años? ¿Quien va a responder acerca de los reiterados avisos, que por ejemplo ha hecho la AGN y la SIGEN sobre el mal funcionamiento de estas empresas? ¿Quien les va a responder a los familiares de las 52 victimas de la tragedia de Once? -se preguntó-. Es menester observar lo que va a ocurrir ahora para evitar una nueva careta como lo fue esta empresa”.