La diputada Delia Bisutti (Nuevo Encuentro) presentó un pedido de informes para que el Ministerio de Educación porteño explique por qué la Fundación El Arte de Vivir brindaba cursos de meditación y yoga a docentes de escuelas públicas en horario de clase y como parte de las jornadas pedagógicas que reciben los maestros para su capacitación laboral.

Según la investigación llevada a cabo por la legisladora, se pudo comprobar que en distintas escuelas del área inicial del Distrito N º 9 se dieron cursos de respiración y meditación a los docentes, como parte de las jornadas de capacitación laboral y que además tuvieron que pagar de su bolsillo.

También se detectó el desarrollo de estos mismos cursos para los docentes que trabajan en las salas de los Centros de Primera Infancia del barrio Ramón Carrillo, las salas del barrio los Pinos en el Bajo Flores y las del Jardín San Cayetano del barrio los Piletones. Señala Bisutti que en este caso los maestros fueron convocados supuestamente para realizar una jornada sobre lenguaje y comunicación, pero cuando ingresaron al salón donde se hacía la reunión había velas y sahumerios y dos señoras que distribuían materiales del Arte del Vivir.

“Los cursos de capacitación que hacen los docentes deben estar relacionados con el proyecto educativo, se hacen dentro del horario de trabajo y son gratuitos”, advirtió la diputada.

En el pedido de informes, Bisutti exige que el ministro de Educación porteño le responda si estaba al tanto de los talleres que se dictaron en instituciones del nivel inicial del Distrito 9, convocados por la Supervisora, y por la cual los docentes tuvieron que abonar 130 pesos. Y también se interroga acerca de la presencia del entonces titular de la Unidad de Apoyo a la Comunidad Educativa, Maximiliano Gulmanelli, en una jornada con docentes organizada por la Supervisión que terminó con una meditación a cargo de la Fundación El Arte de Vivir.

Por último, la legisladora opinó que “la Constitución de la Ciudad, en su artículo 24, sostiene que el Estado asume la responsabilidad de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades”, por lo cual, “el Estado debe garantizar la más estricta libertad de conciencia para los ciudadanos”, finalizó.