El secretario general de la Coalición Cívica-ARI, Pablo Javkin, y el titular del bloque en la Cámara de Diputados, Alfonso Prat-Gay, se refirieron a la rescisión del contrato a la concesionaria TBA y su reemplazo por Metrovías y consideraron que “cambian los nombres pero persiste la política de concesiones oscuras”.

“Ahora el Gobierno encomienda la prestación de los servicios ferroviarios caducados a una firma que hace tan sólo dos semanas cuestionaba por la prestación del servicio de Subterráneos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El relato cruje y los pasajeros siguen arriesgando la vida en cada viaje”, sostuvieron los dirigentes de la CC-ARI.

“Cambian los nombres pero persiste la política de concesiones oscuras”, sostuvieron Javkin y Prat Gay que recordaron que “hace algunos años, cuando el Gobierno nacional dispuso quitar la concesión al Grupo Taselli para la prestación de servicios ferroviarios en las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur, en la Capital Federal, se entregó el permiso precario a la UGOFE, un organismo multiempresarial integrado por Trenes de Buenos Aires, Metrovías y Ferrovías”.

Los dirigentes acotaron: “Poco cambió luego, y este pool no obstante continuó percibiendo subsidios cada vez más altos, mientras los trenes a su cargo experimentaban mejoras mínimas”, al tiempo que consideraron que “llama la atención la decisión de conformar una unidad de gestión operativa con esos actores cuando el propio Estado cuenta con dos empresas como ADIF y SOF que podrían haber asumido en forma directa los trenes que hasta hoy operó TBA”.

“El Grupo Cirigliano –dijeron los referentes de la CC ARI- , hasta hace tres meses atrás, supo gozar del beneplácito de la gestión oficial a instancias de lo cual facturó millonarios trabajos realizados al propio Estado y gozó de beneficios crediticios, hoy podemos ver como la reciente inauguración del servicio ferroviario binacional entre Pilar (Buenos Aires) y Salto (Uruguay), que contó con la presencia de la presidenta y del presidente del vecino país no funciona”.

Los jefes partidario y legislativo dijeron que “según se reconoció durante la conferencia de prensa del ministro De Vido, la empresa había recibido 250 multas por irregularidades en el servicio, lo que muestra la permisividad ante las reiteradas denuncias por el estado de las vías, que convalidó lo que hoy se busca mostrar como proceso ajeno: el accidente y la investigación por la causa penal, y las razones de la decisión administrativa de rescindir el contrato.

“Parece que, una vez más, se busca cambiar algo para que nada cambie”, concluyeron Javkin y Prat Gay.