Con la intención de brindar un marco normativo que otorgue seguridad jurídica a los inversores y usuarios del sistema de telefónica móvil y dándole la jerarquía que se merece como servicio público en el mundo globalizado de hoy, la diputada de la Nación por el MPN Alicia Comelli presentó un proyecto de ley que lleva el acompañamiento de todos los integrantes del interbloque Unión Federal de Provincias, convirtiéndose así en la primera iniciativa conjunta de la flamante fuerza parlamentaria.

“Pretendemos ante todo la declaración de la prestación de la telefonía móvil como servicio público porque ya no se trata de un bien suntuoso sino que representa una necesidad obligada para la mayoría de los ciudadanos, sobre todo en parajes y localidades pequeñas donde no llega las líneas por cable pero si son cubiertas por las antenas”, dijo Comelli, quien agregó a modo informativo que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos existen estimativamente 57.871.000 millones de teléfonos celulares en servicio. Además mencionó que esa institución determinó que la cantidad de llamadas realizadas por aparatos celulares se incrementó un 21% y los mensajes de texto SMS registraron un incremento de 21%.

“Los conceptos jurídicos, como la definición de servicio público, son variables y mutan en el tiempo, a partir de cambios en la realidad sociológica de los individuos”, opinó Comelli e indicó que “este proceso de expansión justifica el hecho de que el Estado deba propender a modificar sus marcos normativos para tutelar a los usuarios, a partir de un mayor grado de intervención en esta actividad”.

La iniciativa pretende también la creación de un nuevo marco regulatorio para la actividad con tarifas justas, equitativas y fijadas a partir de un proceso de transparencia y participación pública porque “esta explosión de consumo de celulares, líneas telefónicas y varios servicios de red, propios de la globalización de la información, ha generado muchos abusos de las compañías telefónicas cobrando indiscriminadamente y a criterio propio los servicios que brindan”, dijo.

“Se trata en definitiva de implementar un sistema normativo que le permita al Estado intervenir en la actividad para garantizar los derechos de los usuarios y controlar las obligaciones de los prestadores”, dijo la diputada. En este sentido destacó que “uno de los aspectos centrales es incorporar un nuevo mecanismo de fijación de tarifas, permitiendo una mayor competitividad del sector y otro tema no menor es que las empresas concesionarias presenten sus planes de inversión en relación a la expansión y optimización de los servicios”.

Con este proyecto, la diputada vuelve a insistir y engloba de alguna manera varias iniciativas suyas sobre telefonía celular tendientes a impedir o eliminar lo que podría haberse considerado abusos o violaciones a la ley de Defensa al Consumidor ya que las quejas y reclamos encabezan las estadísticas de las direcciones de comercio de todo el país. En este sentido, Comelli presentó proyectos para que la demora en responder las consultas de los usuarios (minutos de aire) fueron devueltos como créditos en futuras llamadas (0033-D-2011), crear el Registro Nacional de Protección a usuarios y clientes de Servicios de Telefonía, para que se consignara la manifestación de los mismos en no ser contactados telefónicamente a través del sistema de telemarketing, utilizado por empresas de telefonía para publicitar, promocionar, ofertar, vender y/o regalar bienes y/o servicios (0261-D-2012) y otra iniciativa contemplaba crear un sistema preferencial de costos en mensajes de textos para las personas con discapacidad auditiva o del habla.

La última iniciativa de la patagónica está en clara sintonía con la resolución Nº 42 de la Secretaría de Comunicaciones que determinó que cuando alguien habla por su teléfono celular no se le cobrará hasta que la persona o el contestador conteste y a partir de allí lo que dura la conversación.