La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que preside el oficialista Jorge Yoma, recibió la visita del exministro de la Corte Suprema Augusto César Belluscio y el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Carlos Gemignani, quienes dieron su opinión sobre el proyecto de ley del riojano para crear un Tribunal Nacional de Casación por Arbitrariedad y así aliviar el trabajo del Máximo Tribunal.

Gemignani explicó que la arbitrariedad existe cuando se ve afectada alguna de las garantías del debido proceso (es decir, el derecho de todo habitante a un juicio previo a la sanción y a la defensa mediante un abogado, entre otras cosas), en el caso de que haya una omisión en el acto procesal.

En este sentido, consideró que un Tribunal por Arbitrariedad serviría para “mantener la vigencia de estas garantías” de defensa del acusado y lograr la “recta aplicación del derecho sustantivo”.

Sin embargo, el juez alertó que la Corte Suprema “no va a poder dejar de atender las hipótesis de arbitrariedad” más allá de este nuevo Tribunal, ya que “la última palabra siempre la tiene la Corte, porque así lo establece nuestra Constitución” en el artículo 18.

Por último, Gemignani opinó que la iniciativa de Yoma “no es una solución total” para descomprimir el trabajo de la Corte, pero apuntó que “sí es una parte importante para la cuestión penal” por “la importancia de un mejor diseño de la administración de la Justicia”.

Por su parte, Belluscio marcó que en realidad “una sentencia arbitraria es lo que la Corte decide que es”, y, a partir de esto, se mostró preocupado por el problema del “exceso de competencias” del Máximo Tribunal, ya que, consideró, “semejante cantidad de trabajo perjudica”.

Además, el jurista pidió “no llegar a una extrema multiplicación de las instancias” judiciales, aunque, al igual que Gemignani, celebró el artículo 12 del proyecto de Yoma, que permite tramitar una causa paralelamente en la Corte y en el Tribunal por Arbitrariedad.

Según se desprende del texto del proyecto, el nuevo tribunal se abocaría a las sentencias arbitrarias que se interpongan no sólo de los tribunales inferiores federales, sino también nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.

“El volumen de causas en las que entiende el Máximo Tribunal Federal hoy supera con creces lo imaginable, y sus posibilidades de ofrecer un servicio de justicia en plazos razonables que satisfagan las expectativas de los justiciables”, argumenta el diputado del Frente para la Victoria.

Yoma menciona que “desde hace años nos escandalizamos con las estadísticas que ponen en evidencia que nuestro Máximo Tribunal Federal dedica un porcentaje importantísimo de sus esfuerzos en casar sentencias que no son tales, por padecer el vicio de la arbitrariedad, y ve limitado su accionar en aquellos casos de verdadera trascendencia o máxima significación, propios de un tribunal constitucional y de garantías”.