“Terminar con estos decretos implica terminar con la legislación que durante todos estos años ha marcado los designios de la política petrolera nacional”, apuntó el socialista Juan Carlos Zabalza.
La bancada del Frente Amplio Progresista presentó un proyecto para derogar los decretos 1055/89; 1212/89 y 1589/89, vinculados a la explotación petrolera, vigentes desde hace décadas en materia de hidrocarburos.
“Estos decretos fueron sancionados en la época de la gran entrega del patrimonio nacional, la segunda década infame, la década menemista”, recriminó el socialista Juan Carlos Zabalza, y agregó “justamente este año, al cumplirse nueve décadas desde que el general Mosconi iniciara un ciclo histórico para los intereses nacionales desde la presidencia de YPF, debemos volver a su integridad moral, honrar su figura, a los trabajadores y a todos los argentinos que hicieron posible YPF”.
“Terminar con estos decretos implica terminar con la legislación que durante todos estos años ha marcado los designios de la política petrolera nacional”, apuntó Zabalza. “Esperemos que el gobierno nacional asuma la derogación de estos decretos, porque no puede haber ningún plan que reivindique la presencia de la Nación en el manejo y la concreción de una nueva matriz energética si no se toma esta decisión”, detalló.
En cuanto a las disidencias planteadas por el FAP durante el tratamiento de la expropiación parcial de las acciones de YPF, Zabalza señaló que “también se debería asumir la posición planteada por el FAP en el sentido de fijar un plazo de 180 días para discutir en el Congreso un nuevo marco regulatorio para el sector petrolero”.
“Insistimos en que no habrá proyecto válido para la Nación si no se garantiza la transparencia y la participación de todos los sectores nacionales en la construcción de las políticas energéticas”, concluyó.
Cabe aclarar que el decreto 1055/89 establece la desregulación del sector y permite la conversión de los contratos de locaciones por contratos de concesión permitiendo la extensión de los plazos de concesión de 20 años (para las áreas de interés secundario) a 25 años (para las áreas de recuperación asistida).
El decreto 1212/89 establece la libre disponibilidad del crudo, así como la libre importación y exportación del recurso cual si fuera un commodity y no un bien estratégico de carácter no renovable; al tiempo que dispone la liberación total de los precios en todas las etapas de la producción, permitiendo a su vez la libre capacidad de refinación, de instalación y titularidad de bocas de expendio.
Además, suspendió la vigencia de los artículos 25 y 34 segundo párrafo de la Ley N° 17.319 posibilitando la conversión de los contratos preexistentes y eliminando la prohibición de la tenencia de más de 5 concesiones de explotación o más de 5 permisos de exploración a un mismo operador.
El decreto 1589/89, parcialmente derogado en lo relativo a la libre disponibilidad de las divisas en hasta un 70% en el exterior, aún rige para importantes aspectos del marco regulatorio como lo son los referidos a la determinación de los contratos de explotación, la preferencia de compra de gas, disposiciones de comercio exterior, tipo de cambio, restricción a la importación, intercambio de petróleo crudo y concesiones de transporte.
