El Senado de la Nación también se sumergió en la cuestión de las adicciones: la Cámara alta fue sede de la 10º Conferencia Nacional sobre política de drogas, organizada además por la Fundación Open Society Institute e International Drug Policy Consortium, y en donde se escucharon diversas posturas favorables en cuanto a la despenalización de la tenencia para consumo personal.

La primera en hacer uso de la palabra fue la secretaria del ministerio de Seguridad, Cristina Caamaño, que aseguró que es necesario tener una política sanitaria “para aquellos que por drogas legales o ilegales tienen problemas de salud”.

El subsecretario de Relaciones Laborales, Álvaro Ruiz –ocupó el lugar del ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, que iba a disertar-, dijo que el impacto del consumo de drogas en los lugares de trabajo forma parte desde 2008 de la agenda de la cartera.

Ruiz además detalló, en cuanto a programas de asistencia, que se firmaron 39 convenios desde el 2009 con la CGT, la Unión Industrial y sindicatos para establecer “un compromiso activo para desarrollar programas efectivos”.

Por otra parte, el subsecretario de Planificación, Prevención y Asistencia del SEDRONAR, Ignacio O'Donnell, dejó en claro que la despenalización no implica la legalización de los estupefacientes, y que la ley que se busca entre oficialismo y oposición “responde a la necesidad imperiosa de desincriminar a las personas que consumen”.