El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y el bloque de diputados nacionales del partido centenario realizó en el Anexo de la Cámara de Diputados una jornada dedicada al tema de la política minera.

En ese marco, el diputado nacional Juan Pedro Tunessi remarcó que la finalidad del encuentro es avanzar en definir una política para el sector minero, consensuar reformas a la legislación vigente y promover leyes en este Congreso respecto a la temática de los recursos naturales y, en particular, de la minería tan importante y tan debatida por estas horas”.

Tunessi tuvo a su cargo, junto al presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, la apertura de la Audiencia Pública “Minería y Ambiente: Hacia una política nacional minera sustentable”, desarrollada en el edificio del Anexo del Congreso de la Nación, y que contó con la presencia del titular del partido, Mario Barletta, diputados y senadores nacionales, y especialistas en el tema.

Por su parte, Pablo Quiroga, del equipo técnico del diputado Ricardo Alfonsín, coordinador de la mesa de especialistas que expusieron durante la Audiencia Pública, resaltó el interés del bloque de diputados nacionales de la UCR por “escuchar” las distintas visiones sobre el tema porque “este no es un tema dogmático en que se pueden tomar decisiones definitorias en ningún caso”.

Quiroga resaltó que “es necesario actuar con la debida prudencia. En eso el bloque de diputados nacionales y el partido tienen un compromiso de continuar trabajando en una nueva estructura jurídica en minería en la Argentina, tanto en la modificación del Código como en una ley ambiental”.

En la primera mesa de especialistas disertaron Pía Marchegiani, de la Fundación Ambiental y Recursos Naturales (FARN); Gonzalo Strano, de Greenpeace, y Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas.

También disertó el senador Eugenio “Nito” Artaza, quien señaló que “lo que queremos dejar en claro es que el agua es más importante que el oro y el resto de los minerales. Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente y exigirle a las empresas mineras que se hagan cargo del impacto ambiental que producen con su actividad”.

Artaza habló sobre su proyecto de ley para regular la actividad minera que presentó en septiembre del 2011 y que a pesar de sus reiterados pedidos aún no ha sido tratado en comisiones. “Desde el año pasado que venimos pidiendo que se trate nuestro proyecto. Cuando se inauguraron las sesiones de éste año hicimos un pedido de moción especial para su tratamiento pero todavía no tuvimos respuesta. Es importante que volvamos a poner en la agenda pública, mediática y política el tema de la megaminería porque las empresas mineras siguen generando desastres ambientales mientras los días pasan”, expresó el senador correntino.

En la reunión estuvieron presentes representantes de organizaciones no gubernamentales ambientalistas, Pía Marchegiani de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, Gonzalo Strano de Greenpeace y Enrique Viale de la Asociación Abogados Ambientalistas. Además, expuso sobre la situación en Famatina Carina Díaz Moreno, referente de la lucha que realiza el pueblo de dicha localidad en oposición a la megaminería; un representante de los productores rurales mendocinos, entre otros.

El diputado nacional Enrique Vaquié, que fue uno de los redactores de la ley provincial de Mendoza 7.722 de minería y recursos naturales, habló sobre la experiencia del pueblo mendocino en el cuidado del agua y advirtió con respecto a los límites de los emprendimientos mineros en las zonas de oasis: “El concepto del desarrollo económico no es una fórmula matemática, está vinculado a la cultura de los pueblos, temas sociales, entre otros. En Mendoza, desde una perspectiva económica pero profundamente vinculada a nuestra cultura provincial, se pone especial énfasis en la protección de los recursos hídricos, ya que sin ellos sería imposible cualquier tipo de desarrollo demográfico o cultural”.

La relación entre al agua y la minería, para Vaquié, presenta varios conflictos “en Mendoza la inspección de los causes de agua la realizan los mismos regantes, que son quienes han realizado gran parte de las obras de infraestructura hídrica en nuestra provincia. Surge la pregunta acerca de si hay agua para que se instalen las empresas mineras, analizando los recursos disponibles en los principales ríos provinciales la respuesta es que no, que implicaría una gran inversión aumentar ese cause de agua y las mineras no son quienes la harían. También hay un conflicto cualitativo: ¿Cuáles son los niveles de riesgo de contaminación de aguas por parte de la actividad minera? ¿Quién se beneficia de la actividad minera? ¿Quiénes corren mayores riesgos?”.

La respuesta que dieron las organizaciones ambientalistas a las últimas preguntas es que de la actividad minera solo se benefician los capitales trasnacionales mientras que los riesgos los corren y los pagan los pueblos de las zonas explotadas. “No importa a cuánto ascienda las regalías mineras, está demostrado que el daño que se produce al medio ambiente y al patrimonio cultural de los pueblos no puede ser pagado ni con regalías del 50% (hoy representan menos del 3% de lo extraído a boca de mina)”, explicó Gonzalo Strano de Greenpeace.

En el mismo sentido opinó el diputado Julio Martínez, quien afirmó que “no existe un solo pueblo que sea pujante en el mundo que le deba su desarrollo y progreso a este tipo de actividad. Al oro no nos lo bebemos, al agua sí. Ningún argentino, puede permitir que un solo proyecto de magaminería prospere y destruya nuestros tanques de agua, que son los cerros y montañas”.

Los expositores también manifestaron su inconformidad con la ley de inversiones mineras, N° 24.196, sancionada durante la década del 90 y que establece las normas para el tratamiento fiscal de las inversiones en la minería. Vaquié explicó un proyecto que presentó en la Cámara de Diputados para modificar dicha ley y crear un régimen de estabilidad tributaria que incluya a todas las actividades que tengan largos plazos de inversión: “Hoy, los pequeños productores, que en su gran mayoría se encuentran en la región cordillerana y precordillerana, que se dedican a la actividad frutihortícola, vitivinícola, olivícola, incluso a la producción de nueces como muchos habitantes de Famatina, no cuentan ni siquiera con la seguridad de un régimen de estabilidad tributaria. Es hora de revisar por qué se privilegia y promociona a la actividad minera en lugar de fomentar las actividades propias de las economías regionales, arraigadas en la cultura de los pueblos que habitan nuestras provincias y realmente sustentables”.