“Los presuntos pagos efectuados a los legisladores para obtener su voto favorable han viciado el proceso de formación de la ley”, señaló la diputada nacional Graciela Ocaña en una presentación efectuada ante la Suprema Corte de la Provincia, reclamando que se declare inconstitucional la ley de Reforma Impositiva aprobada por la Legislatura provincial, ante las sospechas de presuntos pagos de sobornos a legisladores para su sanción.

Agregó que “la norma sancionada es inválida por encontrarse presuntivamente viciado de nulidad absoluta e insanable su proceso de sanción”, y subrayó que “la voluntad de los legisladores, al momento de emitir su voto, se podría haber encontrado estimulada delictivamente por haber aceptado dinero o dádivas para sancionar la ley o para dar quórum, lo que claramente configuraría el delito de cohecho”.

“El voto, en tales circunstancias, no respondería a la libre voluntad del legislador, sino al efecto censurable del pago recibido, lo que torna nulo su voto, violándose de este modo el proceso de sanción de la ley, ya que contraría lo dispuesto por la Carta Magna provincial”, subrayó Ocaña.

En el escrito también se deja constancia de que se encuentra “viciado” el proceso de votación de la ley, ya que requería para su sanción el voto afirmativo de las dos terceras partes de los legisladores, es decir requería el sufragio de 30 de ellos, y la propuesta contó con sólo 29 votos positivos.