Con el objeto de brindar una herramienta eficiente para reconducir un desarrollo sustentable y potenciar aquellas actividades y procesos más eficientes para hacer posible una Ciudad más vivible, el legislador del Pro y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Helio Rebot, presentó un proyecto de ley que impulsa la creación de una unidad especializada en los delitos contra el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Rebot, consciente de que el desarrollo sustentable es una de las asignaturas ambientales pendientes de la actual gestión de Mauricio Macri ingresó su iniciativa para incorporar al actual esquema del Ministerio Público Fiscal una Unidad Ambiental en el ámbito de la Ciudad.

Ello viene a dar cumplimiento a la manda constitucional, como así también para completar el trabajo que realizan tanto la Defensoría del Pueblo como la Agencia de Protección Ambiental. De esta manera se pretende crear una unidad fiscal dentro del Ministerio Público dotado de competencias jurisdiccionales a efectos de especializar la materia de su competencia.

Según el autor del proyecto, la unidad fiscal es una herramienta necesaria e idónea para dar tratamiento a una creciente problemática dentro del marco jurisdiccional, “países como Brasil, Venezuela, México, Honduras, Guatemala, Paraguay, Costa Rica, y España han dado pasos significativos en el tema al constituir Fiscalías Ambientales”, expresa Rebot en los fundamentos de su propuesta.

Al respecto sostiene que existe un amplio consenso en la efectividad de este nuevo organismo para aplacar los delitos contra el ambiente y en la protección de los recursos naturales.

En ese sentido -según el legislador macrista- un informe sobre las fiscalías ambientales de España señala que “en los delitos ambientales es fundamental la intervención del Ministerio Fiscal puesto que, así como en otros tipos de delitos suele haber perjudicados, dañados u ofendidos, en los relativos al ambiente muchas veces no los hay y, aunque la acción penal siempre es pública, en estos casos no la suele ejercitar nadie. Las asociaciones ecologistas están normalmente desbordadas en su labor de iniciar acciones legales de defensa de la legalidad ambiental. En muchas ocasiones, ante hechos claramente delictivos no pueden hacer otra cosa que presentar denuncias ante los juzgados, ya que interponer querellas no suele ser viable por la dificultad de obtener pruebas para imputar a los autores, por la frecuente imposición de fianzas impagables o por las costas procesales”.

Apuestas similares

Cabe recordar que en nuestro país, varías provincias tienen su propuesta de creación y existe un proyecto en la provincia de Buenos Aires para crear Unidades Fiscales, siguiendo un criterio de especialidad como es el caso que propone Rebot.

Asimismo Rebot manifiesta en los fundamentos de su iniciativa que a “nivel nacional, mediante la resolución PGN Nº 123/06 de fecha 13 de septiembre del 2006, se puso en marcha la UFIMA (Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental) la cual fue puesta en funcionamiento el 16 de abril del 2007”; ese organismo tenía por finalidad la investigación de los delitos ambientales.

En ese mismo sentido agrega que con el lanzamiento del nuevo organismo, “la Procuración General de la Nación sostuvo que, entre los objetivos de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental, estaba el de constituirse en un mecanismo institucional de envergadura que mejore los estándares de acceso a la justicia ambiental, tratándose de un organismo especializado con la función de velar por la protección del ambiente mediante la optimización de la prevención, como así también la persecución en todo el país de los delitos que lo afecten.

Es en pos de la defensa del mentado orden público ambiental, que se hace necesario contar con herramientas locales que puedan trabajar de manera coordinada con las dependencias nacionales e incluso internacionales que actúan sobre esta temática, por ser dicha problemática de tipo transjurisdiccional, supraindividual e intergeneracional”.

La propuesta del diputado del Pro afirma que con la puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal Ambiental, se propone prevenir los daños, actuar anticipadamente, solicitar informes a los organismos oficiales con competencia ambiental, y optimizar las mandas legales que desbordan a las tradicionales instituciones en la temática ambiental.

Finalmente sostiene que la especialización de un funcionario a cargo del cuidado del medio ambiente es una necesidad real y oportuna que obedece a razones de fondo.

Funciones de la Fiscalía Ambiental

a) Promover y ejercer la tutela jurisdiccional del ambiente, mediante las acciones previstas en la legislación vigente.

b) Promover la actuación de la Ciudad ante la Justicia, en defensa de la legalidad y de los intereses generales ambientales de la Ciudad, y ante toda actividad positiva o negativa que afecte los derechos enunciados en los arts. 26, 27, 28, 29, 30 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

c) Solicitar informes, realizar presentaciones o peticiones administrativas a organismos de la Ciudad, nacionales, provinciales y municipales, que tengan por objeto tutelar el ambiente ante la acción o inacción de organismos públicos o privados.

d) Recibir denuncias y efectuar las derivaciones pertinentes, dentro del Ministerio Público Fiscal o hacia otros entes o instituciones de la Ciudad, como la Defensoría del Pueblo o la Agencia de Protección Ambiental.

e) Coordinar acciones de prevención, reparación, investigación y toda otra que fuere necesaria, en conjunto con distintas dependencias judiciales, administrativas y policiales provinciales, pudiendo requerir la colaboración a instituciones nacionales e internacionales especializadas en la materia objeto de esta norma.

f) Instar a la celebración de acuerdos de conciliación sobre cuestiones ambientales colectivas, siempre que las circunstancias del caso y la gravedad de los hechos ameriten su realización. Los acuerdos de conciliación deberán contar con dictamen técnico favorable del organismo público especializado, estableciendo si correspondiere los planes referidos a las tareas de recomposición y reparación de los daños causados. El fiscal podrá solicitar la homologación judicial del acuerdo referido, en cuyo caso éste tendrá efecto erga omnes.

g) Concurrir, cuando consideren necesario o sean requeridos con motivación o bien cuando las circunstancias del caso ameriten dicha actividad, a las audiencias públicas que se lleven a cabo sobre cuestiones ambientales.
h) Promover la creación de un registro de profesionales especializados en materia ambiental, al efecto de convocarlos como peritos en los casos en que hubiere ausencia de expertos oficiales que pertenezcan al Poder Judicial.

Desempeño ambiental de las 17 ciudades más importantes de Latinoamérica

El Indice de Ciudades Verdes de América Latina, un estudio de la Economist Intelligence Unit (EIU,) patrocinado por Siemens, buscó medir y evaluar el desempeño ambiental de las 17 ciudades principales de Latinoamérica de acuerdo con una gama de criterios que midieron el desarrollo sustentable de las mismas.

Al respecto el informe sostiene que: “Los desafíos del medio ambiente en el sector rural en Latinoamérica, como lo es la deforestación del Amazonas, frecuentemente reciben la mayor atención de la prensa especializada y demás observadores internacionales”.“Aunque estos problemas son vitales- afirma el reporte- las preocupaciones del medio ambiente urbano, como la congestión de tráfico, las políticas de uso de tierra, la disposición de desechos y la calidad del aire son problemáticas que afectan de manera más próxima a la mayoría de los habitantes de la región, sencillamente porque el 81% de la población vive actualmente en zonas urbanas”.

De acuerdo con la División de Población de las Naciones Unidas, Latinoamérica es la región en vías de desarrollo más urbanizada del mundo.

En la actualidad la región se encuentra más urbanizada que ciertas partes del mundo desarrollado y se espera que el porcentaje de la población que habita en las ciudades de Latinoamérica continué aumentando, por lo que para el 2030 se estima que la cifra alcance el 86%, a la par de lo que sucede en Europa Occidental.