“El Ministerio de Salud adeuda al PAMI 300 millones de pesos. Frente a esta situación, el organismo dio de baja oficialmente el convenio que garantizaba la atención médica a 90.000 pensionados por invalidez y a ex combatientes de Malvinas, entre otros”, denunció la diputada nacional Elsa Álvarez, quien elevó un pedido de informes al Poder Ejecutivo por esta situación.

La diputada radical santacruceña dijo que “el PAMI advirtió esta situación a los prestadores, médicos y clínicas y algunos dejaron de atender. Lo más grave es que unos 4000 discapacitados están internados y no pueden volver a sus domicilios ya que sus familiares carecen de conocimientos e infraestructura para atenderlos”.

En su proyecto de resolución, Álvarez le pregunta al Ministerio de Salud cómo piensa atender a los perjudicados por la rescisión del convenio, cuándo va a pagar la deuda para que el PAMI vuelve a ocuparse de estos pacientes, y por qué se llegó a esta situación sin tomarse los recaudos necesarios para evitar que los beneficiarios resultaran afectados.

“Lejos de arreglarse, el problema se ha judicializado -advirtió Álvarez-, y ahora se culpan mutuamente el ministerio y el PAMI y los prestadores no quieren seguir atendiendo a estos beneficiarios al no tener certeza de cobro”.

La diputada radical dijo que “se acabó el tiempo de cambiar la realidad a través del relato. El Gobierno debe dar una urgente solución a estos pacientes que ha abandonado, restituyendo el convenio y pagando los meses adeudados para restablecer la cadena de pagos, en lugar de echarse culpas los unos y los otros agravando la situación”.