Las entidades bancarias continúan entregando tarjetas de débito a los jubilados y pensionados y con el propósito de aumentar la bancarización del sector pasivo, se puso en marcha este sistema que permite que, mediante la mencionada tarjeta, puedan hacerse extracciones en cualquier cajero automático del país.

Hasta ahí todo bien, ninguna objeción. El tema es que, paralelamente se ve cada vez más frecuentemente a usuarios de la tercera edad que no cuentan con ninguna asistencia de parte de empleados de los establecimientos financieros, los que están abocados y muchas veces desbordados con el trajín de su diario trabajo. Estos avances tecnológicos, representan un cambio revolucionario para las personas mayores, personas con capacidades especiales o personas con capacidades reducidas, que debe necesariamente ir acompañado de una labor de enseñanza-aprendizaje, atención y contención al usuario que presente dificultades para su uso, si no queremos condenarlos al aislamiento.

Tales los argumentos que llevaron a la diputada nacional Olga Guzmán a presentar un proyecto que pide que se establezca la obligatoriedad de que todas las entidades cuenten con al menos un empleado auxiliar, destinado a brindar exclusivamente servicios de asesoramiento, instructivos, explicaciones y atención a los usuarios de cajeros automáticos y/o buzones electrónicos con los que cuente el establecimiento, a fin de tornar los mismos accesibles a personas que posean dificultad, extrañeza o desconocimiento en su uso. En especial, esa ayuda estaría dirigida a personas de la tercera edad, personas con capacidades especiales y/o reducidas.

A juicio de la diputada del MPN, se torna “imprescindible” que existan empleados exclusivamente imbuidos en esa tarea, direccionados específicamente a la atención y explicación de todos los aspectos técnicos precitados, para que los clientes paulatinamente vayan conociendo cómo operar y pierdan los temores de hacerlo.

Guzmán reconoce que efectivamente existe un “temor” a las novedades tecnológicas, que suelen ser campo de acción exclusivo de los jóvenes. “Son muy pocas las personas mayores que se desenvuelven con naturalidad ante los medios electrónicos”, advierte la legisladora que, atenta al tema sugiere que contratando a empleados para que desarrollen esa tarea específica, “no sólo se podrá lograr una mejora del servicio, sino además un trato amigable y cordial que nuestra clase pasiva merece”.

La diputada remarca que son las entidades financieras las responsables de brindar todas las explicaciones y evacuar las dudas que surjan entre las personas que acuden a ellas, y puntualiza que en la actualidad, salvo honrosas excepciones, “este servicio no es bueno, o es dado a regañadientes. Exigirle a nuestros abuelos, tareas tales como obtener el recibo de haberes por cajero, o un resumen semestral con el detalle de los movimientos registrados en su cuenta -todo ello con la celeridad impuesta por largas e impacientes filas de usuarios a sus espaldas- se torna una solicitud realmente descabellada”.

El acceso a las nuevas tecnologías comienza por la enseñanza de su funcionamiento, expresa Olga Guzmán en su proyecto, en el que considera que “la carencia de la misma limita y anula la posibilidad de lograr oportunidades para la integración, el aprendizaje, el desarrollo personal. En pos de un aparente avance técnico, quizás no nos detenemos a pensar que se han levantado nuevas barreras de exclusión y discriminación”.

De aprobarse entonces este proyecto, las entidades comprendidas en la Ley 21.526 deberán poner a disposición del usuario un empleado que brinde asistencia técnica con el teclado, pantalla táctil y demás circunstancias que hacen al uso y goce de los cajeros automáticos y buzones electrónicos.

En cuanto a la autoridad de aplicación, deberá ser el Banco Central, que tendría a su cargo la fiscalización del adecuado cumplimiento de la misma, debiendo prever sanciones para todas aquellas que incumplieran parcial o totalmente con ella.