El Senado y la Cámara de Diputados aprobaron por unanimidad una declaración donde rechazan la “ruptura al orden democrático” en Paraguay desatada con el juicio político que depuso al expresidente guaraní.
El Parlamento argentino expresó su repudio a la destitución de Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay, acontecida el viernes pasado luego de un juicio político iniciado por el Congreso guaraní.
En el marco de sesiones simultáneas, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación emitieron una declaración donde expresan su “enérgico rechazo a la situación de ruptura del orden democrático y de la voluntad popular acaecida en la República del Paraguay, por no haberse respetado las garantías del debido proceso y la defensa en juicio del presidente constitucional señor Fernando Lugo”.
Sin debate, senadores y diputados aprobaron en breves minutos y por unanimidad el texto consensuado por la tarde por las comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso y con la asistencia del senador paraguayo Sixto Pareira y de Gabriel Enciso, embajador argentino en Paraguay retirado luego de la destitución de Lugo.
Los legisladores manifestaron su “solidaridad con el hermano pueblo de la República del Paraguay, al que nos unen profundos lazos históricos, políticos, económicos, culturales y de amistad” y expresaron su compromiso “en favor de la vigencia y consolidación de la democracia” en el país guaraní y en toda la región.
Asimismo respaldaron las acciones llevadas adelante por los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y por las autoridades del Mercado Común del Sur (Mercosur).
En este sentido, la declaración insta a los jefes y jefas de Estado para que en la reunión cumbre del Mercosur que se realizará este viernes “se adopten las medidas que estimen adecuadas tendientes a favorecer las condiciones para un pronto restablecimiento del orden constitucional” en el país guaraní.
Fernando Lugo fue destituido el viernes en el marco de un juicio político iniciado por el Congreso paraguayo el día anterior. La medida fue impulsada a raíz del enfrentamiento entre efectivos policiales y manifestantes campesinos que reclamaban tierras y que costó la vida de 17 personas.
Lugo, que fue reemplazado por el entonces vicepresidente Federico Franco del Partido Liberal, cuestionó duramente la constitucionalidad de la acción parlamentaria y aseguró que se trató de un “golpe de Estado”.
