El Movimiento Evita y la JP Evita marcharon en Baradero en repudio al excomisario bonaerense Alfredo Fanchiotti, quien asesinó a Maximiliano Kosteki y a Darío Santillán el 26 de junio de 2002 en Avellaneda al cabo de una protesta social. Fanchiotti recibió el beneficio de la Justicia al ser trasladado al Penal 11 de Baradero, una prisión de régimen abierto, a pesar de haber sido condenado a cadena perpetua en 2006.

En ese marco, hubo una movilización desde la plaza donde la Policía Bonaerense mató a Lucas Rotella el 12 de febrero de 2011 hasta la carcel local. La marcha estuvo encabezada por el diputado nacional del Frente para la Victoria – Movimiento Evita Leonardo Grosso; el diputado provincial de Santa Fe Eduardo Toniolli; la legisladora bonaerense, Patricia Cubría; la madre de Lucas Rotella; Pablo Ferreyra (hermano de Mariano) y Gonzalo Bugatto (hermano de Lautaro).

Ante la presencia de los legisladores, las autoridades municipales trasmitieron el apoyo del jefe comunal, Aldo Carossi, quien por decreto declaró “persona no grata de la ciudad de Baradero a Alfredo Fanchiotti” y expresó su “enérgico repudio a la decisión de trasladarlo” hacia el penal donde se encuentra actualmente.

Luego, unas 400 personas escracharon a Fanchiotti en la puerta del Penal y exigieron que “sea trasladado a una cárcel común” y que “cumpla su condena sin ningún beneficio”. En ese momento, el director de la prisión recibió al diputado Grosso, quien fue acompañado por Toniolli, Cubría, Pablo Ferreyra, Gonzalo Bugatto y autoridades de Derechos Humanos del municipio. En la reunión, el jefe del Penal afirmó que “Fanchiotti no recibe ningún beneficio y es tratado como un preso más”. Además, aclaró que “tiene prohibido cualquier tipo de salida” y que como autoridad penitenciaria debe “acatar la decisión judicial del traslado”.

Al finalizar la reunión, Grosso expresó que “vamos a estar atentos a que no se viole ningún tipo de proceso judicial porque cada privilegio que Fanchiotti recibe la democracia recibe un golpe muy fuerte y hoy debemos aportar desde todas las instituciones a una democracia fuerte sin defensa de intereses mezquinos y corporativos”. En ese sentido, Toniolli afirmó que “las muertes de Maxi y Darío significan la polótica represiva de un gobierno que criminalizó la protesta social en uno de los momentos mas duros del país”.

“La decisión de trasladar a Fanchiotti a este penal significa judicial corporativa que no sabemos a qué interés responde y es un privilegio que este asesino no merece”, concluyó Grosso.