La Comisión de Previsión y Seguridad Social, que preside el diputado oficialista Juan Carlos Díaz Roig, aprobó este martes un proyecto de ley que propone establecer un régimen reparatorio para expresos políticos del país.

El dictamen, que unificó las propuestas de Díaz Roig y Graciela Iturraspe (Unidad Popular), propone una pensión graciable para aquellas personas que entre el 6 de noviembre de 1974 al 10 de diciembre de 1983 hayan sido “privadas de su libertad en condición de civiles y/o militares, condenadas por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y/o privadas de su libertad, como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles”.

Según lo explica el proyecto, la pensión graciable sería de carácter independiente de cualquier otra reparación, sin perjuicio de la indemnización que a cualquier persona afectada le correspondiera.

Asimismo, sería incompatible con toda otra prestación nacional, provincial o municipal de la misma naturaleza y emanada de las mismas situaciones, quedando a su criterio el derecho de poder optar por una u otra pensión.

Díaz Roig sostuvo que “el fundamento es la obligación de reparación por parte del Estado, en función de la existencia de normas superiores de la Comunidad Internacional, imperativas, de Jus Cogens, que tienen una larga presencia histórica en los tratados internacionales”.

Para llegar al recinto de la Cámara baja, el proyecto deberá ser aprobado también por las comisiones de Derechos Humanos y Presupuesto.