La provincia de Buenos Aires es un reflejo de la crisis fiscal que exhiben distritos claves para el kirchnerismo, como Santa Cruz. En Chubut, el conflicto de Cerro Dragón despertó cruces por el accionar policial, y las finanzas tampoco van como se espera en Neuquén. Mientras los gobernadores quedaron en la mira, el reclamo por la Coparticipación y la resistencia gremial al ajuste dan alarmantes señales a la Casa Rosada. La opinión de los legisladores.
A mediados del noveno año de gestión K, provincias estratégicas para el oficialismo dan señales de crisis fiscal que ponen en jaque al Gobierno nacional y alimentan reclamos laborales que dibujan, como en el film de Héctor Olivera, una verdadera Patagonia rebelde. Lazos políticos resquebrajados y una relación desgastada con varios gremios son espinas que ya atraviesan los límites de Buenos Aires y lastiman fuerte en suelo sureño.
En territorio bonaerense, el estallido laboral fue el clímax de un serio déficit de “caja” que la administración sciolista ya había adelantado con el intento de avanzar sobre la renta inmobiliaria rural. Más aún, el envío de un proyecto de ley a la Legislatura local para declarar la Emergencia Financiera buscaría servir de “paraguas” legal para poder pagar el medio aguinaldo en cuotas a los empleados estatales, aunque el kirchnerismo se resiste y el juego está abierto.
En tanto, el eterno debate por la Coparticipación Federal ya empezó a asomar una vez más por las puertas del Palacio Legislativo, donde muchos diputados y senadores no ocultan su fastidio por los fondos girados a sus provincias.
La cuestión llegó al recinto durante la visita de Juan Manuel Abal Medina a la Cámara de Diputados. El jefe de Gabinete aseguró durante la sesión informativa que la Coparticipación creció un 23,5 por ciento respecto al mismo período del año pasado. Especificó incluso que en 2011, las provincias recibieron 114 mil millones de pesos más que en 2003. “Vemos tapas y tapas diciendo que se les recorta la Coparticipación a las provincias, cuando en rigor ésta es automática día a día y nadie puede recortar nada”, lanzó el exsecretario de Medios en su embestida contra el Grupo Clarín.
Unos kilómetros más al sur, el malestar no cede a la calma. Hasta no faltaron quienes auguraran este gris destino para los ingresos populares a causa de las medidas de ajuste y el conflicto social y político que ya evidenciaban algunas regiones. Es el caso de provincias como Río Negro, salpicada por el escándalo de los sueldos de entre 50 y 60 mil pesos que, según se reveló, perciben allí los cargos de mayor jerarquía. En Tierra del Fuego, los gremios estatales desconfían de la gobernadora Fabiana Ríos, quien garantizó que pagará tanto el sueldo como el aguinaldo en un sólo pago. Lo mismo ratifican en Neuquén, a pesar de las finanzas adversas. Pero sin dudas, las mayores señales de alarma las exhiben Chubut y Santa Cruz.
Santa Cruz, al “rojo vivo”
En tierra kirchnerista se vivieron intensos momentos al finalizar el año pasado, con el intento de una reforma fiscal sobre la que el gobernador Daniel Peralta, acorralado por la situación, debió volver marcha atrás. Pretendía -a pocos días de haber reasumido- un ajuste mediante la suba de la edad para la jubilación, reformando la Ley de Previsión Social, que ya había sido modificada en 2010. Sus intenciones no le salieron baratas: le costaron los lazos con La Cámpora de Máximo Kirchner y una veintena de heridos tras grandes disturbios, además de una enemistad con el Gobierno nacional. Antes de este episodio, no era de descartar que el gobernador recibiera una mano en las finanzas por ser un año electoral. Ahora, todo cambió.
Semanario Parlamentario dialogó con la diputada radical Elsa Álvarez sobre la situación de la Provincia que hace 20 años gobierna el kirchnerismo. La santacruceña pintó un panorama de malestar e incumplimientos de la gestión de Peralta en materia de recursos para la seguridad social, autoacuartelamiento de la Policía y reclamos gremiales.
Álvarez sostuvo que se trata de “una situación simétrica con Buenos Aires” ya que “los dos gobiernos comparten los mismos problemas, porque están alejados del Gobierno Nacional”: en el caso de Scioli, “desde que dijo que pretende ser presidente”, y Peralta, por los resabios de aquella paralizante jornada del 29 de diciembre pasado. Este panorama abrió en los últimos días un nuevo capítulo, cuando diputados que responden al vicegobernador Fernando Cotillo y a La Cámpora se negaron a tratar sobre tablas, en la Legislatura local, un proyecto de ley impulsado por el gobernador para gravar la renta minera, enviándolo a comisión. Era una iniciativa para obtener recursos propios, teniendo en cuenta que la provincia, según Álvarez, “no recibe la plata que tiene que recibir”.
La diputada asegura que “no hay control directo sobre la Caja de Previsión Social de Santa Cruz” y que se trata de un “fantasma que ronda” incluso desde 2010, cuando “prácticamente no se podían pagar las jubilaciones”. “Durante más de diez años -agrega la consultada- no mandaron ningún balance, ningún informe fue presentado a los gremios”.
En el ámbito de la salud, Álvarez llama la atención sobre el éxodo de médicos de los hospitales públicos, que se tienen que ir a Buenos Aires en busca de mejores condiciones. Más aún, la legisladora recuerda el paradigmático caso del hijo de la presidenta: “Máximo (Kirchner) se tuvo que operar en Buenos Aires porque es consciente de los riesgos que implica atenderse en un hospital público de Santa Cruz”, alertó. Riesgos que se traducen en falta de mantenimiento de los equipos y escasez de insumos básicos y medicamentos que, según dijo la diputada, se ve agravada por las restricciones a las importaciones.
Por otra parte, el cuadro provincial incluye una Policía acuartelada “porque los haberes mínimos no llegan a cubrir los 12 mil pesos en los que calcula la canasta básica” y además “no tienen combustibles para los móviles”, entre otros problemas que impactan, en definitiva, en la seguridad de los santacruceños. En lo gremial, un violento episodio encabezado en los últimos días por la UOCRA, que tomó una sede sindical de Caleta Olivia, desnudó un reclamo por la suspensión de obreros que trabajaban en la construcción de obras públicas.
Álvarez detalló, por otro lado, que el medio aguinaldo de diciembre de 2011 “se terminó de pagar apenas hace unos días” en su Provincia, y que incluso los sueldos más bajos se han pagado “después del 14 del mes”. “Ahora con la inflación los sueldos no son atractivos y no se pagan en tiempo y forma”, sostiene.
Mientras tanto, la ley de Emergencia Económica se encuentra en “stand by” desde diciembre, si bien el oficialismo pensaba volver a la carga con ella en marzo. La radical afirma que pese a esto, el proyecto “está en la mira del Gobierno” provincial. Sin ir más lejos, en Río Negro, el gobernador fallecido Carlos Soria logró que su Legislatura sancione una norma similar. En terreno santacruceño, Álvarez sostiene que los gremios no serán tan dóciles: “No aceptarán los cambios y se van a defender con uñas y dientes”, considera.
Alerta chubutense
Por los pagos de Martín Buzzi tampoco falta demasiado para que el nubarrón se transforme en tormenta. El conflicto laboral desatado en uno de los yacimientos de gas y petróleo más importantes del país, Cerro Dragón -concesionado por Pan American Energy- cuando sus trabajadores tomaron por varios días las instalaciones y paralizaron la actividad en medio de violencia y destrozos, dejó al desnudo un viejo reclamo sindical por parte de un sector disidente de la UOCRA, que esta vez reclamaba por la reincorporación de una cuarentena de empleados despedidos.
A trece días del conflicto, el Senado no perdió el tiempo y aprobó, con acuerdo de todo el arco político, un proyecto de repudio al accionar de “Los Dragones”, que aboga por el diálogo entre las partes e insta al Poder Judicial a “investigar los hechos con la mayor celeridad posible y determinar las responsabilidades por los actos ilícitos cometidos”. Es que el saldo millonario que le costará este levantamiento a la Provincia no promete mejorar su situación.
Pero el debate en la Cámara alta rondó sobre la “ineficiencia” de las provincias en materia policial. La misma presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció poco después que dejaría de enviar a las fuerzas de la Gendarmería Nacional a poner orden sobre los conflictos en las provincias.
El titular de la bancada radical, Luis Naidenoff, no tardó en salir a responderle: “No es la dueña de la vida de los argentinos -cuestionó-, está en juego la integridad física de la propia población”. Aunque calificó de “ineptos” a ciertos gobiernos locales, consideró que los ciudadanos “no pueden ser castigados con la desprotección”. El líder del bloque oficialista, Miguel Pichetto, respondió a Naidenoff: “Los estados provinciales tienen que hacerse cargo del sistema de seguridad y prevención, y hacerlo de la manera más eficiente”, advirtió, al respaldar la postura adoptada desde la Casa Rosada y considerar “injusto el cuestionamiento que se le hace a la presidenta” de la Nación.
El rionegrino manifestó que “hay una mala costumbre de los jueces federales”, ya que “ante el primer conflicto, lo primero que hacen es convocar a la Gendarmería”, algo que “se ha instalado en la última década frente a la desconfianza de las policías provinciales”. “Los estados provinciales tienen que mejorar su sistema de seguridad y prevención y hacerse cargo de lo que les es propio y de lo que les corresponde dentro de la estructuración de su territorio”, explicó, aunque ratificó su respaldo al accionar de Buzzi, de quien opinó que “utiliza todos los medios que tiene a su alcance”.
Por el contrario, la senadora chubutense del peronismo disidente Graciela Di Perna consideró que “el Gobierno provincial no ha encontrado el rumbo en el rol de mediador que debe tener entre los trabajadores y la empresa”. Sin embargo, su colega y comprovinciano Mario Cimadevilla fue más allá y calificó de “barrabravas” a Los Dragones, “un sector que fue alimentado por la empresa y por el Gobierno de (Mario) Das Neves, se lo fogoneó políticamente y se lo bancó económicamente”. Sin rodeos, el radical sostuvo que el antecesor de Buzzi tuvo “un enfrentamiento muy grande durante su gestión con la conducción oficial de la UOCRA que responde a (Gerardo) Martínez” y que “incluso hubo querellas criminales cruzadas entre el gobernador y los dirigentes de la UOCRA, y para desestabilizar a la conducción oficial”.
El “esfuerzo” neuquino
La provincia de Neuquén está “en condiciones similares al resto del país”. Así lo aseguró, en diálogo con Semanario Parlamentario, la diputada del Movimiento Popular Neuquino Olga Guzmán, quien a pesar de ello resalta el “esfuerzo enorme” que hace el gobernador, Jorge Sapag, para mantener las finanzas.
Sapag quedó también en la mira por su último viaje a Washington, en una búsqueda de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo sin disimulos. “Si bien tenemos petróleo y gas, la situación también nos alcanza, no nos sobra la plata”, reconoce Guzmán, quien informa que los sueldos se pagarán en tiempo y forma, así como el aguinaldo, el próximo 19 de julio en una sola cuota. Hasta el momento, la legisladora remarca que “los sueldos no son bajos” y que no han tenido dificultades para pagarlos, aunque en materia de Coparticipación, le corresponderían a Neuquén -una de las principales provincias productoras de gas y petróleo del país- alrededor de cinco puntos más que, en concreto, significan muchísimo dinero.
Guzmán niega que exista en su provincia un malestar gremial y sostiene que la situación está más “tranquila” en ese sentido que en épocas anteriores. En 2007, se perpetuó allí uno de los más resonantes crímenes de los últimos años: el asesinato del docente Carlos Fuentealba a manos de la represión policial durante un reclamo salarial. Hoy por hoy, “las mesas de negociaciones están abiertas”, afirma la neuquina. Pero la autonomía provincial se ciñe a un chaleco de fuerza por no respetarse el porcentaje de Coparticipación establecido (Ver recuadro) y el valor del petróleo y gas en boca de pozo.
Porcentajes sureños
Según el régimen vigente, establecido en la Ley 23.548, la distribución del monto que corresponde a las provincias patagónicas se realiza según estos porcentajes:
* Chubut: 1,38%
* Neuquén: 1,54%
* Río Negro: 2,62%
* Santa Cruz: 1,38%
* Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 0,70%
