Luego del receso invernal, ambas cámaras se sumergirán de lleno en la reforma y unificación del Código Civil y Comercial, que tiene un plazo de tres meses a partir de la conformación de la bicameral que analizará el tema. El proyecto de Diana Conti sobre el Banco Ciudad también está en los planes del oficialismo.
La agenda parlamentaria para la segunda parte del año incluye un gran y excluyente tema: la reforma y unificación del Código Civil y Comercial, que se pondrá en marcha ni bien se conforme la comisión bicameral destinada a su análisis.
Si bien ya se escucharon varias voces de especialistas en familia y bioética, ahora será el turno de los legisladores, que tendrán en sus manos ni más ni menos que la modificación de un cuerpo de leyes que hace más de un siglo no es actualizado de manera integral.
El proceso de esta trascendental reforma ya pasó por tres etapas: en una primera instancia, un cuerpo colegiado encabezado por los ministros de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, y la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, elaboró un texto que fue elevado luego al Poder Ejecutivo.
Fue en ese ámbito donde se le hicieron algunas modificaciones al anteproyecto original: cuestiones relativas a los bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva; a las sanciones conminatorias y a la responsabilidad objetiva y patrimonio, según indicaron a parlamentario.com desde la Fundación Directorio Legislativo. Finalmente, la presidenta Cristina Fernández envió el proyecto definitivo al Congreso.
La iniciativa propone incorporar las técnicas de reproducción humana asistida (como la inseminación artificial o la fecundación in vitro, entre otras) e incluso el alquiler de vientre, regulando el consentimiento informado, los requisitos del procedimiento a emplear, la prevalencia de la voluntad procreacional, y la equiparación de la filiación por este medio de reproducción humana con la natural y la adoptiva plena. Se trata de cuestiones que no fueron contempladas en el proyecto de Fertilización Asistida que la Cámara baja aprobó a fines de junio.
La propuesta también establece la filiación que surge a partir de la manifestación de la “voluntad procreacional” del progenitor que no aporta material genético. De esta manera, el marido o conviviente que avale la fertilización de su pareja no podría luego “impugnar su paternidad”. Además, el juez deberá constatar que la gestante no haya recibido retribución de ningún tipo, y que al menos uno de los comitentes aportó material genético.
Sobre el divorcio, la reforma del Código busca simplificar los trámites: bastará la voluntad de uno solo de los cónyuges, sin necesidad de que exista mutuo acuerdo, para concretar la separación. Desaparecerá asimismo el requisito de al menos de tres años de matrimonio para poder solicitarlo, y de doble audiencia previa al fallo para que el juez indague las causas e intente la reconciliación. Así, la Justicia sólo intervendría en casos de desacuerdo en la división de bienes o la tenencia de los hijos menores.
Tanto en presentaciones conjuntas como unilaterales de divorcio, se exigiría una propuesta de solución para los problemas que esto conlleva, como el régimen de guarda y comunicación con los hijos menores, los alimentos y la división de los bienes. Si el pedido es unilateral y el otro no está de acuerdo con la propuesta que lo acompañe, debería presentar su contrapropuesta. Con esta discusión encaminada, el magistrado podría dictar sentencia y luego resolver los puntos en desacuerdo, aunque también podría enviar el conflicto a mediación. Por otra parte, en cuanto al matrimonio, no se realizarán distinciones de sexo para definir quiénes pueden contraerlo, en línea con la ley de Matrimonio Igualitario.
En este sentido, el nuevo Código agrega la posibilidad de optar entre el régimen de comunidad de ganancias actual -que contempla bienes propios anteriores al casamiento y bienes compartidos- y el régimen de separación de bienes, a través de contratos prenupciales. Estos últimos, que en el texto figuran como “convenciones matrimoniales”, permitirán establecer, antes de contraer matrimonio, una división de bienes determinada en caso de divorcio, como ya se hace en otros países. Sin embargo, la separación de bienes no será absoluta: una excepción serán los gastos de la convivencia y de la crianza de los hijos, y los cónyuges deberían responder solidariamente por las deudas que se contraigan por estos motivos.
El nuevo Código también contempla las uniones de convivencia entre dos personas que no estén casadas, con el fin de proteger su bienestar en caso de que se rompa el vínculo.
Por otra parte, el espíritu del proyecto apunta a simplificar los trámites de adopción para obtener la custodia legal de los niños, pero no así a disminuir las condiciones que deben cumplir quienes quieran adoptar. Se mantienen la adopción plena y la simple, y se busca agregar la de integración, referida al hijo del cónyuge o del conviviente, aunque las parejas matrimoniales o convivientes podrían adoptar pero como tales -no cada miembro por separado-.
Otros puntos para resaltar son la protección de la propiedad de los pueblos originarios, la creación de las sociedades de un solo socio y el reconocimiento de los derechos personalísimos (dignidad, intimidad, honor e imagen).
La comisión bicameral que analizará la reforma a lo largo de 90 días ya fue creada: tanto Diputados como el Senado ya aprobaron, el 4 de julio pasado, el proyecto del Poder Ejecutivo, aclarando además que el cuerpo será presidido 45 días por cada cámara. Ahora, sólo resta designar a sus miembros y poner en marcha el debate. Posiblemente antes de que éste termine, el Congreso ya estará pensando en sancionar el Presupuesto, que tiene plazo para presentarse hasta el 15 de septiembre, aunque algunos números ya empiezan a soltarse unos días antes.
El Banco Ciudad, en la mira
La llamada “ley Conti” para transferir los depósitos judiciales del Banco Ciudad al Nación tiene moción de preferencia para tratarse en la próxima sesión de la Cámara baja. El proyecto ya cuenta con dictamen favorable de las comisiones de Justicia y Finanzas, a pesar de los cuestionamientos de la oposición y de los trabajadores de la entidad porteña. Desde el Pro argumentan que la iniciativa “sólo busca hacer daño”, ya que significará una pérdida para el Banco –no así para la Ciudad- por la cual los porteños se verían dificultados para tomar créditos hipotecarios. Se espera un intenso debate.
