En medio de las sospechas por irregularidades en el sistema, la socialista Alicia Ciciliani quiere que el Ejecutivo informe sobre diversos aspectos de la supervisión de la tarjeta.
La vicepresidenta tercera de la Cámara de Diputados, Alicia Ciciliani (Partido Socialista-FAP), quiere que el Poder Ejecutivo informe al Congreso sobre los resultados de la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).
El pedido de informes surge en medio de las sospechas por irregularidades en la supervisión de la tarjeta y que derivó en la suspensión del contrato a la Unión Transitoria de Empresas por decisión del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
En este clima, Ciciliani quiere que el Gobierno nacional detalle “cuáles son las tareas que deben realizar las empresas encargadas de ejercer la auditoría del SUBE adjudicada por licitación”; y que “especifique la cantidad de personas contratadas para realizar la auditoría, fecha de vigencia del contrato, monto del salario de cada uno de los contratados y funciones que deben realizar”.
Asimismo solicitó conocer los mecanismos de control que se ejercen sobre las empresas encargadas de la auditoria y el porcentaje del contrato de auditoría que representan los salarios.
La diputada socialista presentó el pedido de informes “con el objeto de ejercer la función de control que debe llevar a cabo el Poder Legislativo” y para “verificar el grado de transparencia en el mecanismo de elección (de los supervisores), mediante la cual se garantizaría una auditoria efectiva y eficiente” del SUBE.
Ciciliani remarcó que la licitación pública para ejercer la supervisión de la SUBE fue ganada en marzo de 2011 “por un consorcio compuesto por la firma británica Global Infraestructure SA (GI) y las nacionales Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV), Iatasa SA y González Fischer y Asociados SA (GFA)”, que “realizó una oferta más alta que su competencia (10 millones de pesos más por el mismo trabajo), por recomendación del comité de evaluación”.
Asimismo subrayó que “el Banco Mundial fue el organismo encargado de la financiación de la auditoría” y que “en el plan de adquisiciones inicial, las tareas de control fueron valuadas en 10,5 millones de dólares, pero luego se pagó casi 17 millones de dólares (65 millones de pesos según la cotización de ese momento)”.
El proyecto fue acompañado por los diputados del interbloque Frente Amplio Progresista Graciela Iturraspe, Omar Duclós, Gerardo Milman, Juan Carlos Zabalza, y por Horacio Piemonte de la Coalición Cívica-ARI.
