No se sabe si el debate recién empieza o si ya terminó. De todas formas se abren interrogantes sobre cuestiones de fondo y coyuntura, en torno a la explotación del juego en el principal distrito de la República. La administración de Daniel Scioli selló un acuerdo con los bingueros que algunos ponen en suspenso. En la oposición, con guiños oficiales, alientan la idea de que el Estado debe avanzar sobre las ganancias que tienen los explotadores.

El jefe de Gabinete, Alberto Pérez, confirmó que los fondos necesarios para afrontar el pago del medio aguinaldo saldrán de la emisión de un bono de 900 millones de pesos para la cancelación de deudas con proveedores, además de la obtención de una recaudación récord, “y por la renovación de las licencias en los bingos, que será entre 1 y 15 años”. De esta forma aquellos bingueros que tienen vencimientos de contratos en 2013-15, estiraron ese plazo hasta el 2028-30.

Según distintas estimaciones, las autoridades de las empresas prestatarias del servicio del juego estarían en condiciones de aportar unos 1.500 millones de pesos, cifra que serviría para que el Gobierno provincial pueda llegar a fin de año sin mayores sobresaltos, es decir haciendo frente a las obligaciones corrientes, sueldos e insumos básicos. Pero el solo hecho de pensar que para cerrar “sin sobresaltos” 2012 hay que extender las licencias de los bingos hasta 2028 impresiona a dirigentes de todo color político.

Desde diversos sectores de la oposición vienen advirtiendo, desde hace algún tiempo, sobre la posibilidad de mejorar las arcas estatales echando mano a la legislación que establece las condiciones en que se explota el juego. Los opositores sostienen que es muy poco lo que queda en el Estado de las utilidades que “produce el juego”, una expresión digna de la semiótica moderna. Y recuerdan que por mandato constitucional el Estado debe ser quien explote este tipo de actividad.

La falta de liquidez del Estado bonaerense, por crisis estructural o por razones más inmediatas, llevaron a la “incómoda situación” de que el gobernador Daniel Scioli retrasara el pago de los aguinaldos a los empleados públicos. Pero como no hay mal que por bien no venga, para Scioli resulta ser la instancia “ideal” para introducir esta posibilidad, la de extender las prórrogas a las licencias, facultad legal que “aún” tiene el Ejecutivo, aunque han sido varios los proyectos que intentan cambiar este orden de cosas. Incluso algunos, vía reproducciones o nuevas presentaciones, poseen estado parlamentario.

Y es precisamente “el orden de las cosas” lo que parece empezar a levantar polvareda en la Legislatura en un contexto político que, al parecer, lo tolera, aunque resta saber hasta dónde.

Alternativas

El vicegobernador Gabriel Mariotto fue el primero en sopesar las intenciones de Daniel Scioli de prorrogar las licencias de los bingos por decreto siguiendo los pasos de gobernadores como el también justicialista Felipe Solá, o como él mismo hizo en sus primeros pasos como administrador bonaerense. El hombre que llegó a la presidencia del Senado para “echar luz”, donde no la había, opinó que “lo más lógico es que se haga por concurso público”.

“Todo lo que tenga que ver con licitaciones es mejor que se haga de forma transparente de cara a la sociedad, con concursos públicos. Lo más lógico es que se haga licitación pública y que toda la población esté atenta para auditar una disciplina que está habitualmente sospechada con manejos turbios”, detalló el lomense.

En los pasillos de la Legislatura se comenta que Mariotto “sangra por la herida”, si bien el vice tuvo encuentros con gerentes del juego provincial, al parecer fueron Guido Lorenzino y José Ottavis -diputados del FpV-PJ- quienes protagonizaron los diálogos más concretos y específicos con los gerentes de Codere, donde se definieron los detalles de la idea del gobernador.

Para históricos observadores, no obstante, es sugestivo el vuelo que ha tomado la presentación de dos proyectos de ley, con origen formal en la CC-ARI, donde se propone aumentar las utilidades que obtiene el Estado provincial por la actividad de los bingos, fijando en un 65% el porcentaje mínimo de premios que abonarán las máquinas tragamonedas y elevando la alícuota que paga la actividad por Ingresos Brutos.

Se trata de propuestas elevadas a ambas cámaras como para confrontar con la decisión del gobernador de prorrogar por 15 años las licencias de las salas de juego de la Provincia. En rigor, estos proyectos no son los únicos, abundan los proyectos tratando de mejorar las utilidades que el Estado recibe por este rubro, e incluso proponiendo que tanto “las prórrogas” a las concesiones, como las habilitaciones, sean por ley.

Con la modificación de utilidades que se plantean en los proyectos, el Estado pasaría a recaudar 800 millones de pesos más por año del juego, según las estimaciones de los autores. Hay consenso subrepticio en todo el arco opositor mientras se mira de reojo, en particular, a varios integrantes de diversas bancadas.

Pero además, en el Senado se deslizó la idea de que estaban dispuestos a darle tratamiento legislativo a la posibilidad de prorrogar las licencias. El convite lo realizó el senador del FpV-PJ José Luis Pallares, que aseguró que “si es necesaria una herramienta legislativa, un trámite parlamentario”, el bloque oficialista va a “acompañar” esa iniciativa.

En paralelo, el diputado randazzista de Azul Mario Caputo y el senador kirchnerista Alejandro Di Chiara se mostraron dispuestos a debatir la relación de los concesionarios y el Estado, mientras se deslizaban desde otros estamentos oficiales algunas ideas.

Al parecer, el oficialismo en la Legislatura estaría dispuesto a avanzar en una reforma que modifique el canon que abonan las salas de bingo. Actualmente establecidas en el 34%, se pretende ahora elevar ese porcentaje hasta -al menos- el 50%.

El debate también alcanzaría a la alícuota del 8 % que los bingos tienen establecida por Ingresos Brutos, impuesto que, se sabe, percibe la Provincia. Pero hay ejemplos sobrados en otros distritos donde aportan aún más. Por caso, Santa Cruz, tiene una alícuota del 10%. En Chubut, es aún mayor: llega al 12 %. Muñidos de esa legislación comparada con otras provincias, se pretende modificar esa alícuota, hablan del 12 %.

En la primara semana de agosto se termina el tiempo de las palabras y tendría que haber acción en los recintos, será el tiempo de los hechos, si es que finalmente se producen.

Situación

La provincia de Buenos Aires cuenta actualmente con 46 salas de bingos, muchas de las cuales han abierto sus puertas en los últimos quince años. Existen, asimismo, 11 casinos que responden a una distribución geográfica en sintonía con el precepto que ubica a las salas de juego en lugares de ocio y recreación. Pero sólo 11 de los bingos se encuentran instalados en “zonas turísticas”, mientras que los 35 restantes no lo están.

En la provincia de Buenos Aires tanto los bingos como los casinos pueden colocar máquinas electrónicas de juegos, que representan la mayor parte del negocio sectorial. Se estima que en cada “tragamonedas” se juegan entre 200 y 300 dólares por día. Se calcula que en la provincia de Buenos Aires hay al menos unas 15.000 máquinas instaladas.

De conformidad con lo prescripto por el decreto Nº 356/2004, de cada 10 pesos que se juega en el territorio bonaerense, la Provincia apenas recibe cinco, de los cuales uno va a educación, $ 0,25 a los municipios, $ 0,55 a rentas generales, $ 1,25 a programas de empleo, $ 0,95 a asistir a hipódromos y $ uno para la Policía.

Las utilidades que consiguen las empresas de juego en la provincia son realmente llamativas. Por ejemplo, cada tragamonedas de la firma española Codere tiene una recaudación media diaria de 270,2 euros, mientras que en su país de origen apenas obtiene 42 euros, según las estimaciones de especialistas.