Una investigación periodística reveló que varios presos salían de las cárceles para participar de actos políticos -que no están previstos en la ley- que se disfrazaban de eventos “culturales”. En realidad, tal imprudencia es otro problema más de la larga lista de deficiencias que envuelven al Servicio Penitenciario Federal.

El telón de fondo de estos hechos es la falta de control. La falta de control a las condicionales previas a cumplir una condena, la falta de control en las llamadas extorsivas que se realizan desde las cárceles y, como hemos visto recientemente, la falta de control en los dispositivos de seguridad que tendrían que evitar que quienes han sido condenados por la justicia no se escapen impunemente de sus lugares de detención.

Las últimas cifras del Sistema Nacional de Estadística Sobre Ejecución de la Pena, de 2008, indican que del total de condenados un 68% es primario, es decir, no había sido ni procesado ni condenado por un delito anterior; un 11% es reiterante, es decir que al momento de la condena estaba imputado de otro ilícito pero sin condena y que un 21% es reincidente, es decir que al momento de la sanción ya había sido condenado por otros ilícitos.

Al menos dos ideas centrales deberían ayudarnos a pensar todos estos problemas. En primer lugar, que las políticas penales y penitenciaras resultan esenciales para el estado de derecho. En segundo lugar, que la política penitenciaria constituye una herramienta, aunque no determinante, al menos importante en el diseño de estrategias de prevención del delito.

En este sentido, el Estado debe, por un lado, asegurar las condiciones de detención de acuerdo a los tratados internacionales vigentes en la materia y, por otro, implementar las medidas necesarias para que aquellos individuos que recuperan la libertad no reincidan o reingresen al sistema penal.

A la vista de la investigación periodística y de ciertas estadísticas, el Estado no hace ni una ni otra cosa. Es una pena, pero en el reino del revés -que no es precisamente el que se imaginó María Elena Walsh- los que cometen delitos y han sido juzgados y condenados por ello parece que andan libremente por las calles como los que se apegan a las reglas del contrato social y respetan los derechos de los demás.

Gambaro es diputada nacional por el Frente Peronista-Buenos Aires