Respecto de las denuncias difundidas con respecto a las salidas transitorias de detenidos a eventos políticos partidarios, y sobre todo luego de declaraciones de funcionarios que hicieron hincapié en la existencia de autorizaciones judiciales para justificar esas salidas, la diputada nacional por el Movimiento Libres del Sur Victoria Donda dijo “más allá de que como ya lo expresé, considero que no es cierto el argumento de que llevando a los presos a estas actividades políticas se logra la resocialización, porque se trata de un fenómeno mucho más complejo que requiere de un sistema penitenciario democrático y desmilitarizado, lo cierto es que lo ocurrido pone en evidencia el tratamiento que las instituciones dan a la situación”.

La diputada Donda además recordó que, concretamente, Eduardo Vázquez permaneció dos años sin condena, luego “obtuvo una reducción de la pena por emoción violenta a través de una sentencia que, poniendo la carga de prejuicios sobre la victima, le ahorra la cadena perpetua que le correspondía por prender fuego a su esposa, y luego, a menos de dos meses de ser condenado por un brutal femicidio, goza de salidas a estos supuestos eventos culturales”.

“Me pregunto si para Wanda Taddei, y para todas las mujeres como ella, hubo acaso el mismo tratamiento, no sólo de la justicia, sino del Gobierno nacional que estuvo preocupado en justificar las salidas de Vázquez. La respuesta es no”, llegó a la conclusión la diputada.

Donda sostuvo que “el problema es que tanto la justicia como el Poder Ejecutivo, quien tiene la facultad y la obligación de poner en funcionamiento las políticas publicas contempladas en la Ley 26.485, siguen sin poner en un lugar prioritario a la tremenda situación de violencia contra las mujeres, que lejos de terminarse, crece en nuestro país”. Puntualizó que “las mismas instituciones que desde el asesinato de Wanda Taddei vienen otorgando beneficios y contemplando los derechos de Eduardo Vázquez, deslegitiman y niegan sistemáticamente los derechos de las mujeres víctimas. Este contraste es inadmisible, en un país donde la falta de acceso a la justicia de las mujeres que sufren violencia es uno de los principales limites a la solución concreta de la situación que atraviesan”.

Por otra parte, con relación al discurso de la presidenta, quien defendió al actual Servicio Penitenciario Federal calificándolo como “modelo”, dijo: “Realmente estoy sorprendida y preocupada con el fervor con el que la presidenta defendió al actual Servicio Penitenciario. Por un lado, porque o tiene un desconocimiento muy grande de lo que realmente es, o porque pretende tomarnos el pelo al decirnos que es una institución modelo en el continente. Digo, así como resalta que no hay sobrepoblación y que posee más de 9000 presos; es importante mencionar que esto se da porque otra buena parte de los presos federales, que ahí no contabiliza, están desparramados por las cárceles provinciales de todo el país, las que adolecen de condiciones edilicias peores, además de la sobrepoblación. La situación nefasta de los servicios penitenciarios provinciales es responsabilidad de los gobiernos provinciales y también del servicio penitenciario federal”.

La referente de Libres del Sur y del FAP, además sostuvo que “por otro lado, este comentario de la presidenta ya sabemos qué consecuencias tiene. El actual SPF está concebido bajo una fuerte mirada autoritaria y militarizada, por lo que recibir estos elogios va a sentirse legitimado en su accionar actual y en su arbitrario autogobierno, el cual está lejos de ser un modelo a seguir y de resocializar a los privados de libertad ya que arroja el triste resultado de que el 80% de estos termina reincidiendo. Por eso, es importante leer los informes no sólo de ONG prestigiosas en este campo sino, de instituciones creadas por ley a los fines de la auditoria penitencia como los es la Procuración penitenciaria de la Nación, los cuales ilustran una realidad muy distinta, donde relatan la cantidad de procesos judiciales iniciados por torturas y tratos crueles y degradantes en este servicio penitenciario federal y los múltiples obstáculos que diariamente afrontan en el desarrollo de su trabajo diario”

“Que ocurra un femicidio cada treinta horas en la Argentina es un problema político que hay que solucionar inmediatamente. Desde mi lugar voy a impulsar activamente el tratamiento del proyecto para que sea declarada a nivel nacional la emergencia por violencia de género. Y aclaro que se hace necesaria esta declaración no sólo porque la situación es alarmante, sino porque el Ejecutivo ignora la vigencia de leyes que lo obligan a tomar políticas activas para erradicar la violencia”, concluyó Donda.