Las comisiones de Legislación Penal, Legislación del Trabajo y Familia quieren volver a aprobar los proyectos que el año pasado no lograron bajar al recinto y perdieron estado parlamentario. Se buscan establecer penas de prisión de uno a cuatro años para quienes practiquen la explotación laboral sobre los niños.
Los proyectos de ley para penalizar el trabajo infantil podrían avanzar su trámite parlamentario el próximo martes 7. Las comisiones de Legislación Penal, Legislación del Trabajo y Familia de la Cámara baja se reúnirán ese día con el fin de firmar un dictamen unificado en base a los proyectos de Héctor Recalde (FpV), su par Diana Conti y el bloque Nuevo Encuentro.
La penalización del trabajo infantil es uno de los grandes temas pendientes de 2011, cuando que las iniciativas no lograron bajar al recinto y perdieron estado parlamentario tras el recambio legislativo.
El dictamen que se había firmado en aquella oportunidad propone incorporar como Capítulo VII del Código Penal los Delitos contra la integridad de los menores, indicando que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que promoviere, facilitare, aprovechare o explotare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importe un delito más grave”.
Además, “cuando el hecho hubiere sido ejecutado en perjuicio del niño o niña, en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, la pena de prisión se aplicará a los directores o gerentes de la sociedad, administradores, síndicos o miembros de la comisión fiscalizadora que hubieren consentido de cualquier modo que el niño o niña trabajare en provecho de aquélla”.
Sin embargo, los proyectos aclaran que no será punible el padre, madre, tutor o guardador de la víctima que incurriere en esta conducta cuando mediaren circunstancias de una economía familiar de subsistencia.
Pero la pena de prisión será de tres a seis años cuando las víctimas fueran tres o más; cuando el hecho fuere cometido con el concurso de tres o más personas en forma organizada; o cuando el hecho fuere cometido por un funcionario
público, en cuyo caso sufrirá además la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
Otro de los agravantes propuestos tiene que ver con establecer una pena de cuatro a ocho años cuando “la utilización de la prestación laboral del niño o niña se efectuare en actividades riesgosas, inseguras o peligrosas, conforme la calificación
que sobre las mismas determinen las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo”.
El plenario de comisiones del próximo martes tendrá lugar a las 14.30 en la sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados.
