El diputado provincial de Nuevo Encuentro Marcelo Saín precisó en referencia al resonado caso de la menor asesinada Candela Rodríguez que “el proceso judicial y la investigación llevadas adelante por el fiscal Tavolaro fueron muy turbias, hubo maniobras para proteger a la bonaerense y a redes de narcotráfico con la complicidad de Ricardo Casal y Daniel Scioli, quienes dejaron todo en manos de la Policía”.

Además, el diputado que responde a Martín Sabbatella añadió que “todas esas irregularidades fueron avaladas por el juez Meade”.

De esta forma, el diputado inició un pedido de juicio político ante el Tribunal Provincial de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados debido al “mal desempeño” del fiscal y el juez de la resonante investigación sobre el secuestro y posterior asesinato de Candela, ocurrida en Hurlingham en agosto de 2011.

“Hubo una gran cantidad de maniobras y operaciones para ocultar la participación de la bonaerense y para proteger una red de narcotráfico en el municipio de San Martín”, detalló Saín.

Asimismo, expresó que su acusación “está apoyada en un fallo de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón, del 17 de abril de 1012, que señala cómo el fiscal Tavolaro incurrió en fallos muy graves en la investigación, que luego fueron convalidados por el juez Meade quien llevó adelante la instrucción”.

“En cualquier otro país, un caso como el de la niña Candela hubiese terminado con la renuncia de la máxima autoridad política de la Provincia, el gobernador Scioli”, afirmó el legislador a través de un comunicado.

Según Saín el caso fue “un vuelto por cuestiones vinculadas al narcotráfico de la zona. Aunque, como esto hubiera ventilado la conexión policial con el narcotráfico y ello en épocas de elecciones hubiese sido un revés enorme para Scioli, contrataron un abogado como Burlando para desviar la investigación y encubrir a la verdadera trama estatal criminal”.

“Si esto se investiga de vuelta es probable que algunos jefes policiales que han estado comprometidos, salgan esposados pero quizás también algún funcionario de gobierno. Tanto el Poder Judicial como los legisladores bonaerenses tenemos una gran responsabilidad en el esclarecimiento de este caso y en la sanción a sus responsables”, concluyó.