En un debate que giró en torno a la precisión del texto, las Comisiones de Legislación Penal, Familia y Legislación del Trabajo de la Cámara baja firmaron dictamen sobre las iniciativas de Diana Conti (FpV), su par Héctor Recalde y Nuevo Encuentro para penalizar el trabajo infantil.

El dictamen propone incorporar como Capítulo VII del Código Penal los Delitos contra la integridad de los menores, indicando que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que promoviere, facilitare, aprovechare o explotare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importe un delito más grave”.

Además, “cuando el hecho hubiere sido ejecutado en perjuicio del niño o niña, en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, la pena de prisión se aplicará a los directores o gerentes de la sociedad, administradores, síndicos o miembros de la comisión fiscalizadora que hubieren consentido de cualquier modo que el niño o niña trabajare en provecho de aquélla”.

Sin embargo, el texto aprobado difiere del original al no contemplar que “no será punible el padre, madre, tutor o guardador de la víctima que incurriere en esta conducta” en los casos específicos en que “mediaren circunstancias de economía familiar de subsistencia”.

Ante el reclamo de Patricia Bullrich sobre este punto, Recalde explicó que este cambio se hizo para “cerrar aberturas” posibles a la hora de aplicar la ley. El titular del Cuerpo, Oscar Albrieu, sostuvo que en el texto consensuado el año pasado se invertía la carga de la prueba, con lo que el responsable tenía que probar que era inocente.

Otro punto de discusión lo instaló Víctor De Gennaro (Unidad Popular), quien pidió que quede explicitado en el dictamen que no sea punible el trabajo que distintas ONGs (como Pelota de Trapo y Che Pibe) proponen a los menores con fines pedagógicos y de reinserción social.

A pesar de que Albrieu se comprometió a incorporar este punto a la redacción antes de la llegada del proyecto al recinto, Recalde analizó que el planteo de De Gennaro, sin mencionarlo explícitamente en el texto, quedaría incluido de todas formas. El resto del FAP terminó firmando en disidencia el dictamen de mayoría.

Victoria Donda (Libres del Sur) y Marcela Rodríguez (DIP) coincidieron en que la nueva ley podría hacer una caracterización de las ONGs mencionadas por De Gennaro. El juecista Ernesto Martínez se mostró escéptico y sostuvo que el oficialismo “no cambió una sola coma” de los proyectos en lo que va del año parlamentario.

El dictamen en cuestión propone una pena de prisión de tres a seis años cuando las víctimas fueran tres o más; cuando el hecho fuere cometido con el concurso de tres o más personas en forma organizada; o cuando fuere cometido por un funcionario público, en cuyo caso sufrirá además la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

Otro de los agravantes propuestos tiene que ver con establecer una pena de cuatro a ocho años cuando “la utilización de la prestación laboral del niño o niña se efectuare en actividades riesgosas, inseguras o peligrosas” –trabajos bajo tierra, bajo el agua, en altura, con maquinarias peligrosas o pesadas, en horarios nocturnos, entre otros-.