Las heladas a principio de junio en el norte de Entre Ríos y Corrientes provocaron graves daños a las producciones citrícolas y sus plantaciones, dejando a muchos productores y trabajadores sin la fuente de trabajo. La principal conclusión que dejó este nuevo evento climático, es que no alcanza para cubrir los graves daños producidos con la declaración de emergencia o desastre agropecuario. El país debe tener una política de estado anticiclicas que les permita a las 22.000 familias afectadas en este caso, seguir en la actividad.

La dirigencia agropecuaria en conjunto reclamó la urgente aplicación de la ley de emergencia agropecuaria. Pero deben asumir definitivamente dichos dirigentes, que no alcanza para cubrir las pérdidas por dicho evento la postergación o la eximición de los compromisos impositivos de los productores como lo dispone la actual ley. Se necesita resarcir por lo menos los gastos de implantación y conservación de la producción. La ley de emergencia ha quedado totalmente desactualizada y obsoleta para atender las costosas inversiones que representa la implantación moderna de los diferentes cultivos, motivo por el cual hay que proponer y consensuar con el gobierno políticas anticiclicas que sean similares a las que funcionan en otros países del mundo.

El avance del desarrollo de los seguros agrícolas en el país se realizó casi en exclusividad por el sector privado. Pero para poder avanzar se necesita complementar lo que vienen realizado las 29 empresas de la industria aseguradora que trabajan el tema seguro agropecuario, que posibilitaron cubrir 21 millones de hectáreas en el 2011 con diferentes tipos de seguros. Desde el 2007 al 2011 el crecimiento fue de un 24% pasando de 16 a las 21 millones de hectáreas. Mientras la prima anual creció un 37% de 720 a 1147 millones de pesos.

Por lo tanto la propuesta para poder avanzar sería no rompiendo lo que funciona bien que permitió cubrir con seguro agrícola el 65% del área sembrada, promoviendo en un trabajo sinérgico público – privado , el aumento del uso del seguro por medio de incentivos no obligatorios, para poder cubrir más zonas y productores y creando simultáneamente para atender los eventos no previsibles, un fondo anticiclico permanente para cubrir todos los eventos por desastres o catástrofe.

Con una propuesta moderna desde la producción, se terminaría con la lógica de todos los gobiernos que ha manejado su relación con el campo bajo un doble supuesto. (a) Si los riesgos se transforman en siniestros son exclusivamente a cargo de los productores, incluso al costo de su propia quiebra, (b) Si el éxito acompaña la gestión de esos productores el Estado participa de las ganancias, no sólo a través de impuestos, sino mediante retenciones exorbitantes. Para que todos lo entiendan: “si hay perdidas no te conozco, si hay ganancias somos socios”.

El caso que nos ocupa ocurrió en dos departamentos de Entre Ríos (Federación y Concordia) y uno de Corrientes, Monte Caseros con un total de 100.000 ha afectadas y 22.000 familias que viven de la actividad. Habría una pérdida total a nivel primario de 500 millones de pesos aproximadamente. (No se incluyen las pérdidas ocurridas o a ocurrir en la otra parte de la cadena). Dichas pérdidas y los costos sociales en la zona del siniestro debería ser suficiente antecedente para ponerse a trabajar en el diseño de políticas de estado para atender estos eventos, que quedó demostrado que no castiga solamente al productor sino a toda la cadena, creando un problema social en cada pueblo o ciudad que ocurren.

Según la información que obran en mi poder enel año 2007 dos importantes empresas aseguradoras le ofrecieron al gobierno de Corrientes un seguro para cubrir los siniestros por granizo + heladas en las producciones citrícolas, que incluía cobertura a la cadena por cantidad y calidad del producto, asegurándole de esa forma a quienes tienen que colocar su producto en los mercados, cobertura por los daños comerciales que le ocurran al no poder cumplir con la entrega de la mercadería por haber tenido un evento climático. Lamentablemente el tema quedó en suspenso como es costumbre, pero la actual situación podría servir como antecedente para retomar el dialogo de todas las partes interesadas, asumiendo que las políticas de cobertura de los riesgos ya no es un tema que incumbe solamente al productor , se tiene que involucrar toda la cadena productiva.

Los países que implementaron este tipo de políticas concluyeron que era más barato para el Estado la ejecución de un sistema mixto. Dicho sistema -público y privado- actúa con éxito como responsable de atender en forma directalos efectos de los riesgos climáticos.

Todos los países desarrollados aplican este tipo de políticas activas. Las mismas potencian los intereses del conjunto al conseguirse más altos niveles de producción y exportación; a la vez que aumentan los recursos del Estado para que éste pueda atender en tiempo y forma problemas de índole social. No es casual que esta política para cubrir los riesgos climáticos esté reconocida por la Organización Mundial de Comercio (OMC): con subsidios de hasta el 50% a la prima en los seguros individuales y de hasta el 80% en el seguro colectivo a pequeños productores.

Esta no es una propuesta para que el Estado sacrifique recursos fiscales. Todo lo contrario: darle previsibilidad al productor y a sus transformadores implica, finalmente, mayores recursos para ese mismo Estado. En definitiva es un complemento para consolidar una política de crecimiento y desarrollo pensando en el largo plazo con el rol geopolítico que tiene una política de seguros agrícolas anticiclicas.