Dictamen del kirchnerismo El proyecto presentado por la diputada Diana Conti establece que los depósitos generados por causas judiciales de los tribunales federales y nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires deban efectuarse en el Banco Nación y ya no en el Banco Ciudad, como hasta ahora. Sin embargo, la iniciativa aclara que […]
Dictamen del kirchnerismo
El proyecto presentado por la diputada Diana Conti establece que los depósitos generados por causas judiciales de los tribunales federales y nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires deban efectuarse en el Banco Nación y ya no en el Banco Ciudad, como hasta ahora.
Sin embargo, la iniciativa aclara que aquellos fondos depositados antes de la sanción de la ley continuarán en el Banco Ciudad hasta la extinción de las causas que le dieron origen y como pertenecientes a ellas. Se trata de una modificación introducida durante el tratamiento en comisión a raíz de las inquietudes planteadas inclusive en el propio kirchnerismo.
Por otro lado, el proyecto establece que también deberán depositarse en el Banco de la Nación “los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado nacional, así como de las entidades o empresas que pertenezcan total o mayoritariamente al mismo”.
La diputada argumenta su propuesta señalando que la Justicia nacional con asiento en la Ciudad, “lejos de ser una justicia local”, se rige por la Constitución Nacional, que sus jueces son nombrados con intervención del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, a propuesta del Ejecutivo nacional y con acuerdo del Senado de la Nación, y se jubilan con el régimen especial nacional. Todo ello solventado por el presupuesto nacional
Conti niega que su proyecto vaya a perjudicar a los trabajadores aunque reconoce que los depósitos judiciales componen el 30 por ciento de los recursos totales del Banco Ciudad.
En diálogo con parlamentario.com, Conti aseguró que la entidad tendrá “cinco años para readecuar la política financiera de la entidad y la obtención de fondos para su tarea financiera desde otro lugar”.
En este sentido, consideró “ínfima” la proporción de esos fondos dedicados por el Banco Ciudad al crédito hipotecario, mientras que “el resto lo han dedicado a dar créditos a empresas, y algunas muy corporativas y muy importantes que no son de la Ciudad de Buenos Aires”. Por eso afirmó que “no es verdad” el criterio macrista de que el dinero de ese banco se aplica al crédito hipotecario y que pueden perder fuentes de trabajo los empleados. Consignas que, por otra parte, consideró “demagógicas” por parte del presidente de la entidad, Federico Sturzenegger.
A criterio de Conti, “los bancos públicos deben destinar su política fundamentalmente a quienes menos recursos tienen y recurren al crédito para poder lograr la mejora de su casa, o tener una, o empezar un negocio. O las pequeñas y medianas empresas”.
“Y el Banco Nación perfectamente lleva adelante esa tarea, tiene sucursales a lo largo y ancho de todo el país”, señaló la diputada, que si bien aclaró que esa entidad “no tiene una necesidad de fondos”, bien le vendría el dinero de los depósitos judiciales, que cuantificó en 6.000 millones.
Diana Conti resaltó a parlamentario.com que su proyecto “se enmarca en la clara política de la sintonía fina que ha venido pregonando y exigiendo la presidenta”.
Dictamen de la UCR
El dictamen impulsado por los diputados de la Unión Cívica Radica rechaza la iniciativa de la diputada Conti por considerarla de “dudosa constitucionalidad”; un “retroceso” en lo que hace al proceso de autonomización de la Capital Federal; y por la “pérdida de puestos de trabajo o disminución del salario” que implicaría la pérdida de los depósitos judiciales para el Banco Ciudad.
Para el radicalismo, el proyecto “no puede más que interpretarse como un avance sobre los fondos de la Ciudad por claras cuestiones de oportunidad política”.
Dictamen del FAP
La iniciativa del interbloque Frente Amplio Progresista fue elaborada de manera conjunta con trabajadores del Banco Ciudad y cuenta con el acompañamiento de la exintegrante de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez (DIP) y de Graciela Ocaña (Udeso-interbloque Frente Peronista).
Para los diputados del FAP, la ley que impulsa el kirchnerismo sería utilizada por el macrismo para implementar un “ajuste” que recaerá en los trabajadores mediante la pérdida de fuentes de trabajo, de salarios o de condiciones laborales.
De acuerdo a este despacho, “no sólo deben realizarse los depósitos de una parte de la justicia ordinaria sino de la totalidad de los tribunales nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, quedando fuera del alcance de esta ley la justicia federal, cuyos depósitos deberán seguir efectuándose en el Banco de la Nación Argentina”.
Dictamen de Jorge Yoma
El riojano Jorge Yoma, que preside la Comisión de Justicia, es el único oficialista que se pronunció en contra del proyecto. Su dictamen por el rechazo fue acompañado con las firmas de los peronistas federales Gustavo Ferrari, Carlos Carranza y Natalia Gambaro, además de Carlos Favario (Demócrata Progresista).
Yoma aseguró que la propuesta de Diana Conti viola “gravemente la autonomía del Poder Judicial de la Nación en la administración de sus propios fondos”, establecida mediante la Ley de Autarquía del PJN que él mismo impulsó durante su militancia en el menemismo.
También afirmó que “en términos económicos va a dar lugar a severos ajustes que no lo van a pagar las empresas sino los propios trabajadores” ya que “los depósitos judiciales representan el 40 por ciento de la masa de fondos del Banco Ciudad”.
Dictámenes del Pro y la CC-ARI
En sus dictámenes correspondientes, el macrismo y la Coalición Cívica argumentan que el Congreso no puede legislar sobre atribuciones del Poder Judicial. Al mismo tiempo, consideran el proyecto oficial como una “violación” de autonomía porteña con “la consagración de un sistema hostil y discriminatorio en perjuicio de los habitantes de la ciudad”.
