Desde el punto de vista político y mediático, plantear la expropiación de la ex Ciccone, es una buena estrategia que sirve al Poder Ejecutivo para eliminar el debate por la corrupción, el tráfico de influencia y el posible lavado de dinero asociados a la misma. También sirve para instalar el debate sobre la utilidad pública de la impresión del papel moneda, aliviando de esta manera la presión sobre el mismo Ejecutivo y sobre el vicepresidente, cada vez más comprometido.

Desde el punto de vista jurídico y económico, expropiar Ciccone tiene dos efectos fundamentales, altamente convenientes para todos los implicados en la maniobra de compra de la empresa.

El primero de ellos es que, si hay un procedimiento en el que es casi irrelevante conocer quien es el dueño del bien, es el juicio expropiatorio. Así (aunque no fuera este el caso) el Estado podría llegar a pagar por la expropiación sin saber a quién le está pagando. Pero además, la expropiación implica que deja de ser parte el anterior propietario; por ello deja de ser importante jurídicamente (y sobre todo mediáticamente), quien era el dueño de la empresa o como se compró: luego de la expropiación, solo será importante que el Estado es el dueño.

El segundo efecto es de carácter eminentemente económico, y tiene que ver con que la expropiación supone el pago no de un precio, sino de una verdadera indemnización, que comprende otros rubros que puedan hacer que esa indemnización termine siendo el mejor negocio para los actuales dueños de Ciccone, quienesquiera que sean, aunque nunca la opinión pública se entere de sus nombres.

En este caso deberá pagarse no solo lo que la empresa valdría en el mercado (recuérdese que se ha instalado que es la única empresa que tiene capacidad de imprimir papel moneda en el país), sino además intereses, más depreciación monetaria, más daño directo.

En este último rubro habría que pagar, entre otros, por ejemplo, el contrato millonario que el Estado celebró con la empresa, aún cuando no se imprima un solo billete más. Es decir, deberíamos todos los argentinos pagar por un contrato que los anónimos dueños de Ciccone no han podido cumplir “por culpa” de que el Estado les expropia, sin importar en lo más mínimo que el contrato lo tienen con ese mismo Estado, obteniendo así estas personas el mismo beneficio que si hubieran hecho los billetes, pero sin hacerlos.

Así, un acuerdo indebidamente ventajoso para los accionistas se lograría fácilmente evitando llegar a la justicia, logrando previamente un acuerdo que ningún órgano imparcial podría controlar. En este marco, seguramente no se sostendrá, como sí se sostiene en el caso de YPF, que se compense la indemnización con las deudas que la empresa tiene, deudas que podrían cobrarse perfectamente con los bienes de la calcográfica o sus utilidades; bastará con encontrar la manera de “incrementar los rubros indemnizables”, para que los billetes del Estado, sin importar a esta altura con qué maquinita se imprimieron, terminen en los bolsillos de los desconocidos dueños de la ex Ciccone.

Como se advertirá, el Poder Ejecutivo ha encontrado la que parece ser la mejor manera de sortear el escándalo Ciccone, asegurándose ganancias políticas y dándole a los accionistas mucho más que las ganancias que esperaban obtener.

Por otra parte, resulta sumamente contradictorio, que la interventora Katya Daura, sea la misma persona que firmó el contrato con la ex Ciconne, hace apenas tres meses. Al parecer, en ese momento, fueron incapaces de evaluar todos los considerandos del proyecto que hoy justifican la expropiación. Está claro que ante esta desprolijidad, las autoridades de la Casa de Moneda y del BCRA, deberán dar explicaciones de la firma de ese contrato con la ex Ciconne.

Finalmente, cabe recordar que, a pesar de utilizarse la Cadena Nacional cotidianamente para situaciones definitivamente menos importantes, este “negocio” del Estado nacional no se difundió por ese medio. No vaya a ser que el Pueblo de la Nación se entere de las malas nuevas.