Un polémico proyecto de la diputada socialista Alicia Ciciliani buscará transferir a las provincias la potestad del Registro Nacional Automotor. Se intenta transparentar la figura del titular y evitar ciertas irregularidades a la hora de registrar los vehículos, ya que muchas jurisdicciones no pueden cobrar el impuesto a la patente dentro de sus propios límites. El alcance de la iniciativa.
Desde la época del menemismo, cuando se duplicó el patentamiento de automóviles respecto de la década de los ’80, uno de los más grandes negocios políticos vino de la mano del otorgamiento de Registros Automotores a punteros del poder.
Este vicioso sistema sirvió durante muchos años como “caja de cambio” de favores que nadie se atrevió a tocar. Por eso, y con el fin de oxigenar a las provincias asfixiadas con las finanzas, un proyecto que presentará en los próximos días la vicepresidenta tercera de la Cámara baja, Alicia Ciciliani, insta al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a las jurisdicciones provinciales y la Ciudad -con los recursos correspondientes- la competencia para registrar automotores, motovehículos y maquinarias agrícolas, viales e industriales. De esta forma, pasarían a las provincias las ganancias mensuales que hoy abultan los bolsillos del encargado titular del Registro, denominadas “emolumentos”.
No es para nada simple el entramado legal en que se vio envuelto el Registro Automotor desde su creación. El sistema nació con un decreto que el entonces presidente de facto Pedro Aramburu firmó, curiosamente, el último día de su mandato. Sin ir más lejos, este Registro no se parece a ningún otro de los que dispone el Estado nacional, donde la actividad es eminentemente pública y es llevada a cabo en dependencias administrativas estatales por empleados públicos. Incluso las leyes que fueron modificando este régimen a lo largo del tiempo se contradicen entre sí.
Se trata de un servicio tercerizado -si bien al momento de crearse el sistema aún no existía el término-, aunque la autora del proyecto en cuestión advierte que no hay ningún tipo de valor agregado en la actividad del encargado, sino más bien una simple intermediación.
Ciciliani se pregunta entonces “por qué no se adoptó el mecanismo de concesión del servicio, renovable cada cierto período de tiempo, y no la forma actual de nombramiento unipersonal con carácter cuasi vitalicio del encargado del registro” que “implica un innecesario fin de lucro”. Además, cuestiona que no se trata de un servicio “descentralizado, como afirma su decreto de creación”, sino de “un servicio solamente desconcentrado territorialmente, pero a cargo del Estado nacional”.
La mayoría de los encargados provienen del alfonsinismo en los ’80 y del menemismo en los ’90. Fue así como los gobiernos de turno manejaron la titularidad de los Registros mediante la vía del amiguismo, tal como comentaron a Semanario Parlamentario. Por lo general se trataría de nombres que se mantienen, y en el caso de que fueran removidos -al no cumplir con obligaciones fiscales, por caso-, siempre pasaron a manos de personas afines al partido gobernante.
Incluso comentan que el Gobierno de La Alianza frenó decenas de registros otorgados por Carlos Menem para repartirlos a su antojo. Fuentes vinculadas al tema deslizaron a este medio que, en la provincia de Santa Fe, uno de los registros pertenece al marido de la diputada provincial del justicialismo María Eugenia Bielsa.
En los pasillos del Congreso se comenta que la lista del “negocio de los registros” es grande y salpica, incluso a varios diputados y senadores.
¿De quién son los registros?
Ciciliani encontró una verdadera incógnita en la figura del encargado titular del Registro Automotor. Se trata, según llama la atención, de un cargo único, cuasi vitalicio y hasta hereditario, que no existe en ningún otro organismo similar, ya que ni siquiera es un empleado público. El proyecto reclama por “una mejora del diseño del sistema que clarifique de una vez y para siempre el estatus jurídico” no sólo del encargado del Registro, sino también del Registro mismo, ya que no encuentra claro si se trata de organizaciones privadas, públicas o paraestatales.
Hoy por hoy, según consignaron a Semanario Parlamentario fuentes del Congreso, el titular del Registro sólo tributa a la Nación una mínima parte de las ganancias de la actividad, y se apodera del amplio margen de rentabilidad restante que el servicio ofrece. Es así como cada persona que registra su vehículo termina financiando el tesoro privado del encargado, que encuentra una fuente de lucro más que importante. Si bien el tributo a la Nación se mantiene con el proyecto de Ciciliani, los excedentes pasarían a engrosar el Tesoro provincial.
Un encargado puede tener actualmente y sin ningún tipo de control cuantos empleados quiera –en su mayoría monotributistas o trabajadores en negro-. “Un dato relevante para la fundamentación del presente proyecto es que el 46, 34 por ciento de los registros se encuentra intervenido o a cargo de un responsable interino -alerta el proyecto de ley-, es decir que casi la mitad de los registros seccionales del país atraviesan una situación de irregularidad en cuanto a su constitución”.
La propuesta socialista
A pesar de que el proyecto de Ciciliani propone la creación de Registros Provinciales de la Propiedad del Automotor, ordena al Poder Ejecutivo Nacional mantener un sistema único de Registro en todo el territorio de la Nación, con lo cual conservaría la potestad regulatoria y de control sobre los aspectos técnicos registrales, en tanto que las jurisdicciones tendrían la facultad de normalizar las cuestiones vinculadas a la organización y gestión de los Registros Provinciales.
Otra punta del proyecto de la socialista tiene que ver con asegurar las mismas obligaciones registrales y de posesión de los bienes para todos los habitantes del país. Hoy por hoy, las tarifas que los propietarios deben abonar no están unificadas, y las principales víctimas en este caso terminan por ser muchos municipios que no pueden cobrar estos impuestos en su propio territorio porque sus habitantes optan por patentar sus vehículos en Registros de otras regiones donde los costos son menores, o hasta llegan a cambiar de domicilio para abaratar este trámite. Para evitar estas irregularidades, el texto insta al Ejecutivo Nacional a promover la firma de un convenio multilateral con todas las jurisdicciones. Para determinar la base imponible, se tomaría la valuación fiscal de bienes establecida por la AFIP. Asimismo, se exige a las jurisdicciones provinciales unificar las alícuotas y verificar que el patentamiento se realice bajo el domicilio legal que corresponda. En este marco, parecería lógico que, dado que son las provincias las que perciben los impuestos a las patentes, sean éstas las que llevaran a cabo el registro.
Por otra parte, de aprobarse esta ley, se suprimiría la figura del encargado titular del Registro; éste se convertiría directamente en funcionario público de la provincia, designado por concurso y antecedentes o, en todo caso, bajo la forma establecida por cada gobierno local. Esto es, terminar con la discrecionalidad a la hora de otorgar los Registros, que se vieron beneficiados a partir del gran aumento en la venta de automotores en los últimos años en nuestro país.
Los excedentes de la actividad registral, una vez cubiertos todos los gastos vinculados a la infraestructura material y de recursos humanos, serían destinados formalmente a campañas de educación vial y de prevención de accidentes de tránsito, aunque servirían, más que nada, como desahogo a las provincias que desde hace algunos meses reclaman fondos a la Nación.
El proyecto, adelanto exclusivo de Semanario Parlamentario, dará que hablar. Hasta el momento, ya recibió el apoyo de la diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos) y diputados del bloque Gen.
